Considera FGR como “injusticia inaudita” absolución de Rosario Robles por caso “Estafa Maestra”

La Fiscalía General de la República (FGR) consideró como una “injusticia inaudita” el sobreseimiento decretado por el juez adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México en el caso de la “Estafa Maestra”, en donde además, se absolvió a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

En un comunicado, la Fiscalía expuso que la denominada “Estafa Maestra” es uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país por un monto que hasta el momento supera los 5 mil millones de pesos, y del cual, se desprenden 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación judicializadas en su momento.

La autoridad, alegó que dicha afectación al patrimonio nacional quedó evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el de Rosario Robles, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, pues como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo.

Con esta acción, dijo, se generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país, y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva.  

Enfatizó que, todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente; “y el hecho de que el Juez Penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de Juez de Control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario, es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta Institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”.

La FGR sostuvo que declarar que la “Estafa Maestra” no constituye delito, “es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”.

Finalmente, apuntó que, independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, no pueden omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia.