Aprueba IEPC lineamientos para verificar que violentadores no sean candidatos

Luego de que se pospusiera su discusión, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) aprobó por unanimidad los lineamientos para verificar que las personas que se postulen a las candidaturas a la Gubernatura del estado, diputaciones, presidencias municipales y regidurías en la elección de 2024 no sean violentadores en el supuesto de la llamada Ley 3 de 3.

Aquellos que aspiren a estos cargos por la vía partidista o independiente no deben estar condenados con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual o por violencia familiar.

Asimismo, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, ni tampoco ser declarado deudor alimentario moroso.

La consejera presidenta del órgano electoral, Elizabeth Nava Gutiérrez, destacó que con este acuerdo se garantiza que ningún violentador llegue al poder, aunque dijo que los partidos también deben verificar que las personas que se encuentren en este supuesto no participen en la próxima contienda.     

"Invitamos a la ciudadanía a que sean coparticipes de esta verificación, muchas veces la autoridad electoral no tiene todas las herramientas para verificar, pero la ciudadanía también tiene voz y puede hacer llegar lo que conozca de las personas que se postulen a una candidatura, para que podamos investigar e indagar", enfatizó.  

Por su parte, la consejera Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, destacó que gracias al diálogo se logró contar con un mecanismo de verificación de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas y destacó que la llamada Ley 3 de 3 llegó para quedarse y que deberá evolucionar en cada proceso electoral.   

En una segunda intervención, aseveró que se "quedaron muy cortos" en el lineamiento y que se "hizo hasta donde el machismo los dejó".

"En el mensaje tanto de ayer como de hoy se ha hablado de la evolución, porque aún con lo manifestado por algunos de los integrantes nos quedamos cortos, muy cortos, se hizo hasta donde se pudo y hasta donde el machismo nos dejó. 

"La verdad que hay otros estados que ahora mismo firmaron convenios, donde ya hay lineamientos para expedir constancias, donde hay voluntad visible para que las personas puedan llevar o no, de no tenerlo, un documento ante la autoridad electoral y que quienes menos se preocupen cómo le van hacer y cómo lo van a verificar, sea precisamente la autoridad", comentó.    

En su oportunidad, el consejero Juan Correa López, expresó que se debió incluir algunos puntos de vista de los partidos políticos, no obstante, celebró que a partir del diálogo se lograran "unos lineamientos más acabados".  

Además, subrayó que este precepto no es exclusivo para hombres, sino también aplica a las "mujeres violentadoras".

"Debo puntualizar que estos lineamientos no solamente son para los violentadores hombres, sino también para las mujeres violentadoras, porque también las hay, entonces; en este sentido debería darse la suficiente claridad al respecto", comentó.   

Cabe apuntar que el representante electoral de Morena, Jesús Antonio Guzmán Torres, dijo que valorarán si impugnan ante el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) este acuerdo, porque no se incluyó ninguna de las propuestas que realizaron. 

El consejero Víctor Mejía Naranjo, explicó que una vez que los consejos distritales reciban la solicitud de registro de candidatos, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos remitirá a la Secretaría Ejecutiva la relación de las personas postulas, el cual deberá contener datos que posibiliten una identificación precisa de las personas como la credencial del INE, el RFC, la CURP o cualquier otro similar.

Con esta información, el órgano electoral, mediante un oficio, requerirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) y a la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, que informen si en sus archivos las personas postuladas se ubican en los supuestos antes mencionados y si tienen suspendidos sus derechos o prerrogativas.