Desconoce PRI marco jurídico que rige al Congreso

Objetivo de la Controversia es que la SCJN se pronuncie sobre el caso

Desconoce PRI marco jurídico que rige al Congreso
“No tienen conocimiento sobre el marco normativo que nos rige a nosotros como diputados, ya tiene un año que tomamos protesta como representantes populares y a la fecha se han atendido 170 juicios de amparo; si no me equivoco ocho demandas laborales; una acción de inconstitucionalidad; es decir, hay un universo de procedimientos jurisdiccionales en los que no se han interesado en darles la debida atención, pareciera que están a favor del INE, de los tribunales electorales y no de la soberanía que estamos defendiendo nosotros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos señalan a nosotros como un superior jerárquico del Ejecutivo, lo que invade el principio de División de Poderes, nuestra esfera de competencias”, expresó.

Núñez de Dios señaló que el objetivo de la controversia promovida, es que la Corte revise la constitucionalidad de la resolución emitida por el Tribunal y emita su criterio sobre el caso.

“Lo que nosotros estamos buscando es que haya un pronunciamiento de la Corte, que revise la constitucionalidad de la sentencia que emitió la Sala del Tribunal, por eso a mí me sorprenden que hagan este tipo de pronunciamientos porque, insisto, reflejan un desconocimiento de lo que señala nuestra norma, nuestro reglamento, nuestra Ley Orgánica, insisten ahí en una falta de acuerdo político, pero sería erróneo pensar que por cada asunto que se tiene que atender, que se tiene que dar contestación, necesitaríamos estar sesionando en la Junta de Coordinación Política, porque hay términos que son super breves y no se tiene que solicitar tampoco su aprobación para atenderlos, si fue el caso, yo creo que hay que esperar ahí el criterio de la Corte, pero no es el caso, yo creo que se trata de un desconocimiento por esa parte”, reiteró.

Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al Congreso del Estado sancionar al gobernador Carlos Manuel Merino Campos por promocionar indebidamente la Consulta de Revocación de Mandato, lo que violentaba la equidad de la misma.



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