Abogados solicitan a UJAT abrir especialidad en nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

El Colegio de Abogados Tabasqueños solicitó a la UJAT abrir la especialidad en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que la ley exige como obligatoria a partir de su entrada en vigor en abril de 2027.

Mariel Arroyo, integrante de este Colegio, señaló que de acuerdo al Artículo 666 de la Ley, todos los litigantes, incluyendo a los jueces, proyectistas, secretarios, actuarios y defensores en los juicios que afecten los derechos de la infancia, deberán contar con especialidad acreditada en la materia.

Sin embargo, dijo, a través de transparencia, el Poder Judicial informó que sólo se imparten cursos, talleres y diplomados de corta duración, que no cumplen con el rango de especialidad que la Ley exige, al carecer de Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) de estudios del tipo superior.

"El Colegio de Abogados Tabasqueños solicitó a la Universidad Juárez autónoma de Tabasco la impartición de la especialidad respectiva con créditos académicos y duración suficiente para satisfacer el requisito legalmente establecido, es decir una especialidad".

"La UJAT nos ha comunicado que ha iniciado ya los estudios de la demanda potencial de esta especialidad y la estructura curricular que tendría la misma y este Colegio de Abogados Tabasqueños iniciará en fecha próxima, a través de sus redes sociales, la encuesta de profesionistas interesados en recibir esta especialidad conforme a lo previsto en la norma procesal vigente y que será de aplicación en todo el país", reveló.

Advirtió que el riesgo es que entre en vigor la Ley y los litigantes no cuenten con la especialización que se exige, se vulneren los derechos de los niños, con la anulación o reposición de procesos, que podrían revictimizar al menor, retrasar la impartición de justicia y causar daño económico.

"Corre el riesgo el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia a la justicia pronta y expedita, a la salud, a la alimentación, a la educación, todos estos aspectos que muchas veces son materia de las disputas familiares. A veces en la Fiscalía o en los juzgados por falta de capacitación no se desarrollan los procesos como se debería".

"Si un abogado intenta llevar un juicio y no tiene la especialidad, el juez podría ordenar que entre un defensor público, pero se tendría que revisar que el defensor público efectivamente cumpla este requisito, a lo mejor investigo y resulta que el juez no tiene esa especialidad, se podría anular un proceso y cuando se trata de niños niñas y adolescentes reponer todo el proceso implicaría una revictimización y es por eso que el Colegio está solicitando el apoyo a la UJAT", subrayó.