Falta de terrenos atrasó obras del NSJP: SOTOP

 
Falta de terrenos del Gobierno del Estado fue lo que atrasó el proceso de ubicación de los edificios que se usarán para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, admitió el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Armando Priego Ramos.

Y es que el titular de la SOTOP dijo que ante esa situación se tuvieron que firmar convenios con los ayuntamientos para la adquisición de estos terrenos, sin embargo, indicó que en el caso de no terminarse estas obras se tienen consideradas sedes alternas.

“Una de las cosas que sucedieron fue la falta de los terrenos, el estado tiene baja disponibilidad de reservas territoriales y se hicieron convenios con los ayuntamientos también pero estamos saliendo en tiempo. El sistema está implementado, el sistema no tiene problema como tal, porque en todo caso hay sedes alternas para que empiece a funcionar como marca la ley, pero estamos trabajando en lo que son las nuevas instalaciones”, puntualizó.

En ese sentido, adelantó que ya se tiene el proyecto de la obra más grande de la Fiscalía General del Estado que es el edificio de Servicios Periciales por lo que sólo están a la espera de que se informe si se hará por licitación pública o designación directa por tratarse de una obra de seguridad.

“El caso por ejemplo lo que es una de las obras más importantes por parte de la Fiscalía ya se tiene, que es el de Servicios Periciales que es un edificio muy importante. Ya se tiene el proyecto ejecutivo, ya lo tuvo en conocimiento la Fiscalía, estuvo trabajando con nosotros, lo desarrollamos en los últimos cuatro meses y medio, y está totalmente con todos sus permisos, está listo para que se proceda hacer el concurso o en su defecto la asignación porque es un edificio de alta secrecía”, apuntó.

Finalmente, Priego Ramos indicó que los otros edificios que tienen a su cargo son la Unidad de Medidas Cautelares y el de Defensorías de Oficio.

Cabe señalar que estas construcciones están presupuestadas en el empréstito de 450 millones de pesos que solicitó el Gobierno del Estado para la implementación de este nuevo sistema de justicia adversarial.