El problema de Tierra Amarilla es de carácter administrativo y no de límites, asegura JAVA

De carácter administrativo y no de límites, es el problema de Tierra Amarilla, toda vez que el Instituto Nacional Electoral incurrió en una irregularidad, al otorgarles credenciales del municipio de Centro y no de Nacajuca.

Lo anterior lo expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega, al señalar que dicha comunidad está bien delimitada, y corresponde a Nacajuca.

“El problema aquí es que realmente no lo hay, está muy bien delimitado a dónde pertenecen esas comunidades, no hay conflicto de límites como tal, lo que hay es una cuestión donde ellos dicen que el INE, les dio una credencial de elector como que pertenecen al Centro, estando en esas comunidades, ahí hay una irregularidad del INE, lo cual no implica que es un conflicto de límites, es una cuestión que tiene que regularizar el INE para que su credencial aparezca como secciones electorales pertenecientes al municipio de Nacajuca, que es al que corresponde”, manifestó.

De la Vega Asmitia refirió que este es un problema que se da en todas las urbes del mundo, puesto que las localidades se vinculan más a las capitales por los servicios, como es el caso de Tierra Amarilla y de otras comunidades circunvecinas al municipio de Centro.

En este sentido, sobre los servicios, el legislador del PRD dijo que van a analizar si el Ayuntamiento de Centro estaría haciendo un cobro indebido del predial, dado que debería ser un impuesto que le corresponde recaudar al Ayuntamiento de Nacajuca.

“Pero el Centro argumenta de que el provee esos servicios, inclusive argumenta que le pagan el predial al Centro y no a Nacajuca, habrá que analizar si esto no es un cobro indebido, invadiendo facultades, no es un asunto fácil de resolver porque ninguno de los dos alcaldes va a querer hacer un acuerdo para aceptar que se le quite territorio”, puntualizó.

Ante ésta situación, apuntó que el Congreso del Estado se está absteniendo de tomar una decisión, puesto que tienen la facultad, pero aclaró que lo que quieren evitar, es una posible impugnación de parte del ayuntamiento que se vea afectado.