El impacto de la inseguridad y la violencia en los agentes económicos en México

Cuando iniciaba mis estudios en economía, muy a menudo de algún catedrático terminara de explicar un tema, al final de algunos capítulos de libro, se hacía referencia a que el derecho de propiedad, la certidumbre jurídica y la seguridad (en un sentido amplio), eran factores que influían en la economía o al menos en las decisiones de los agentes económicos, es decir, de empresas, de consumidores y del gobierno mismo. En aquel momento, percibía esa información como algo complementario, como solemos decir los estudiantes algo “de relleno”. ¿Qué tanto puede influir la seguridad, o el derecho y la justicia en el comportamiento de los consumidores, empresarios o del gobierno? Hace más de 20 años que inicié con esa reflexión.

Lamentablemente en ese momento, no percibía que años después el comportamiento de los agentes económicos habría dado un giro, que pone en el centro de las decisiones el tema de la seguridad. Hoy prácticamente todas las decisiones de consumo, inversión y presupuesto público tienen como factor fundamental de decisión la seguridad. En México los niveles de inseguridad y violencia han llegado a tales niveles que trabajadores, obreros, amas de casa, jóvenes, emprendedores, estudiantes, académicos, empresarios, tomamos decisiones basados en la seguridad.

Recién el INEGI publica un documento que calcula que la inseguridad y violencia cuestan a los mexicanos 1.65% del PIB: 300,000 millones de pesos. Según publica el diario El Economista (www.eleconomista.com), “del gasto realizado durante 2017, 68% se destinó a subsanar las pérdidas económicas, 30% a gastos en medidas de prevención y 2% a gastos médicos por enfermedades causadas por el delito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

“Los hogares mexicanos tuvieron que costear casi 300,000 millones de pesos a consecuencia de los actos de inseguridad y delincuencia en 2017, equivalentes 1.65% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Del gasto realizado, 68% se destinó a subsanar las pérdidas económicas, 30% a gastos en medidas de prevención y 2% a gastos médicos por enfermedades causadas por el acto delictivo del que fueron víctimas.

En el 2017 se estiman 25.4 millones de mexicanos (20% del total de habitantes) que fueron víctimas de algún delito como robo en casa, asalto en el transporte público o en la calle, robo parcial o total de vehículo, fraude, extorsión, lesiones, amenazas, secuestros y acoso o violencia sexual, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada por el INEGI”.

Sin embargo, más allá de la estadística y de la frialdad de los números, día a día podemos identificar perfectamente en acciones y conductas que ha cambiado con la inseguridad. Empecemos con el consumidor, los horarios de las compras, el no asistir en solitario a ciertos lugares, la forma y horario de ir a una sucursal bancaria o a una tienda de conveniencia, la propensión a la compra de los seguros de autos, casa habitación o de los dispositivos como los teléfonos móviles; y por último quizá la vida nocturna de restaurantes y bares donde en algunas regiones ha prácticamente desaparecido. Ahora bien, los empresarios ha visto distorsionadas sus decisiones de inversión o la administración de sus negocios debido a la inseguridad en aspectos como contratación extra de personal de seguridad, uso de cámaras de videovigilancia, alarmas, instalación de protección metálica para atender al cliente desde el interior, reducción de horarios, eliminación de horario de servicios nocturno, etc.

El gobierno no ha sido ajeno, la cantidad de recursos gastada en temas relacionados con la seguridad, ha crecido de manera exponencial en los últimos años, sin embargo los resultados no acaban de llegar. Hoy vivimos en país, cuyo altos índices de inseguridad y violencia, nos hacen destinar recursos extraordinarios a protegernos, si a esto le sumamos las carencias con las que viven la mayoría de la población, hoy encontraríamos un efecto que amplia la brecha de desigualdad, evita la movilidad social y motiva la pobreza, pues como en todos los casos los grupos sociales y económicamente más desfavorecidos siempre son los más afectados.