Con 30 mil pesos quisieron detener denuncia por agresión en operativo alcoholímetro en Villahermosa
Reconoce que su hijo siente temor ante posibles represalias por la denuncia contra los elementos estatales
El ciudadano Miguel Ortiz Maldonado denunció en Telereportaje que funcionarias de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) intentaron ofrecerle 30 mil pesos a su hijo para que desistiera de la denuncia penal interpuesta, tras haber sido golpeado por policías estatales durante un retén de alcoholímetro en Villahermosa.
El padre de familia recordó que los hechos ocurrieron cuando su hijo, quien iba acompañado por su novia, comenzó a grabar el operativo alcoholímetro —derecho que el propio titular de Seguridad, Alejandro Leal, ha reconocido públicamente.
Tras negarse a dejar de filmar, los agentes comenzaron las agresiones en su contra:
“— (Miguel) Fuimos inmediatamente al retén a reclamar. Y hay un comandante de nombre Rutilo. Me explicó de que mi hijo había sido impertinente, etcétera. Mi hijo iba de copiloto y decidió filmar. Y después de que se negó a dejar de filmar, lo conminaron a bajar, también se negó a bajar. Y estaba discutiendo él dentro del vehículo y en un descuido, un policía metió la mano, abrió la puerta y lo sacaron a empellones y por los pelos. Lo golpearon, lo tiraron al piso, le dieron patadas. En el peor de los casos que mi hijo haya sido impertinente, la fuerza pública que lo rodeaba era sobrada como para que lo hubieran sometido y esposado y remitido a la autoridad, no hacer lo que hicieron. Lo que yo sí quiero y que quede bien claro que estas personas sean sancionadas realmente con todo el rigor de la ley que está estipulado en el Código Penal.”
El denunciante detalló que, tras haber formalizado la denuncia ante el Ministerio Público, dos mujeres identificadas como funcionarias los contactaron en un restaurante de la ciudad para ofrecerles 30 mil pesos a cambio de otorgar el perdón y proteger a los policías.
“— (Miguel) El hecho ocurrió a las 2 de la mañana. Después de mediodía de ese sábado, se comunicaron con él, ya presentada la denuncia ante la Fiscalía, donde dos personas, ambas licenciadas —una de Fiscalía cuyo nombre no recuerdo y otra persona de Seguridad Pública, una joven de apellido Martínez de Escobar Ochoa—, le propusieron a mi hijo un arreglo ofreciéndole 30,000 pesos para olvidar el tema, y proteger a los policías. Y cuando hizo la oferta, yo le dije a ella que era una humillación a mi hijo y una nueva falta de respeto, y que los policías de hecho siguen... — (Emmanuel) ¿Están identificados los policías que agredieron a su hijo? — (Miguel) Sí, platiqué con el subdirector de Seguridad Pública y me dijo que ya estaba la investigación hecha, sabían plenamente quiénes eran.”
Aunque existen dos carpetas de investigación abiertas y su hijo ya rindió declaración tras ser atendidos por el subdirector de Operaciones, el área de Asuntos Internos y el propio fiscal estatal Óscar Tonathiu Vázquez, el denunciante lamentó que a 14 días de los hechos no exista un avance sustancial ni haya podido dialogar con el secretario de Seguridad.
Asimismo, reconoció que su hijo siente temor ante posibles represalias por la denuncia contra los elementos estatales:
“— (Miguel) Después de eso fue que acudí a tu programa y me hicieron una entrevista, y a los 10 minutos llegó una patrulla. Tenía instrucciones de invitarme al área jurídica, pero de Asuntos Internos, porque se estaba haciendo una investigación de los hechos y acudí; pero también había un comandante de la Fiscalía me invitó a hablar con el fiscal. Me prometió que se iba a llevar a cabo la investigación. — (Emmanuel)¿Con el secretario de Seguridad se pudo sentar? — (Miguel) No, con él no he platicado. A pesar de haber sido atendido para presentar la denuncia, ya lleva 14 días y eso no progresa en absoluto. — (Emmanuel)¿No tiene temor de que pudiera haber algún tipo de presión o amenaza por estar en este tema? — (Miguel) Mi hijo sí siente ese temor. Inclusive está pasando por una situación emocional que le ha afectado.”
Finalmente, Miguel Ortiz Maldonado señaló que, si bien los operativos de alcoholimetría son una medida necesaria, cuestionó que el secretario de Seguridad los mantenga sin elementos con capacitación para manejar a personas con algún grado de alcoholemia y con las facultades de extorsionar a los ciudadanos.
“— (Miguel) Los ponen en puntos estratégicos, obviamente, para que caigan como pescaditos en las redes. No es un operativo de buena fe. — (Emmanuel) Buscan otra cosa. — (Miguel) Sí, sí, sí, sí. La medida de los alcoholímetros es buena. Lo que es inadmisible es que manden a un grupo de personas uniformadas sin la capacitación. Y estos policías no saben cómo manejar esa situación. — (Emmanuel) ¿Qué vio usted cuando regresó al retén por el alcoholímetro? — (Miguel) Un muro de autoridad tratando de minimizar lo que había ocurrido. El comandante que estaba no sabía qué había pasado, supuestamente. No podía aceptar lo que había ocurrido. — (Emmanuel) En este operativo alcoholímetro, ¿había presencia de Derechos Humanos? — (Miguel) No, no, desconozco. Y si lo hubo, pues pasó sin pena ni gloria.”