Espera Fiscalía CDMX que Chile apruebe en 5 días extradición de Mauricio Toledo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que en cinco días, las autoridades de Chile definirán la extradición del exdiputado federal petista Mauricio Toledo.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía General de Justicia CDMX, Ulises Lara López, dio a conocer el desarrollo de la audiencia del juicio de extradición de Mauricio Toledo, ex alcalde de Coyoacán, celebrada este jueves 16 de diciembre, donde la Fiscalía de Chile desahogó los datos de prueba con que se cuenta para imputar el delito de enriquecimiento ilícito.

“Durante la audiencia, la Fiscalía de Chile ha desahogado los datos de prueba con que se cuenta para imputar el delito de enriquecimiento ilícito, así como testimoniales y dictámenes de peritos en materia de contabilidad que dejan clara las cantidades no justificadas de conformidad a lo registrado en sus ingresos,… se ha manifestado la posible doble criminalidad tanto en Chile, como en México, y que se trata de un delito extraditable…”, expuso.

Ulises Lara detalló que por su parte, el Fiscal de Chile expuso que con motivo de la posible comisión de un delito, se llevó a cabo el desafuero del requerido en la Cámara de Diputados, e hizo alusión a que integrantes parlamentarios de su propio partido votaron a favor del desafuero y fue de mayoría.

E incluso dijo, se argumentó que el requerido es mexicano, por lo que no es una excepción de no extraditar a un connacional.

Y posteriormente se explicó que la extradición no es un juicio sino un procedimiento administrativo.

“El ministro ha permitido el desahogo de las testimoniales de la Fiscalía de Chile, entre ellas, las que ya se han referido de peritos contables de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es importante destacar que el ministro ha señalado que una vez que se desahoguen las pruebas, tiene cinco días para emitir la sentencia correspondiente…”, comentó.

Es de mencionar que a Mauricio Toledo se le investiga por “movimientos sospechosos”, por un monto de 578 millones de pesos.