"La frontera no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal": SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó este viernes un posicionamiento en el que remarcó que la frontera común con Estados Unidos “no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal”, pues los límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones de autoridades texanas que “designaron” nueve islas ubicadas en el río Bravo, en la frontera acuática entre México y Estados Unidos, como propiedad del estado de Texas, lo que permite al ejército estadounidense acceder a estos pequeños territorios “con el fin de mantener la seguridad operativa”.

La comisionada de Tierras del estado, Dawn Buckingham, señaló que es para eliminar posibles escondites de narcotraficantes.

Además, afirmó que las nuevas islas fluviales “pertenecen” a su estado, subrayando que recibió una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, con respecto a 28 isletas dentro del río Bravo, a la altura de su territorio entre Laredo y McAllen, que anteriormente se consideraban “no reclamadas o cuya propiedad no se había establecido”, por lo que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) decretó que podrán acceder a ese espacio para realizar tareas de limpieza y patrullaje.

En respuesta, la SRE aclaró que el Tratado de Límites de 1970 entre ambas naciones establece que, en el río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal de ese afluente, que “determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras”.

La dependencia, a cargo del canciller Roberto Velasco Álvarez, subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por los dos gobiernos para aplicar el tratado y resolver de qué lado del límite se encuentra cada isla. “Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”.

Por último, sostuvo que, conforme al tratado, ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.