Emite CNDH recomendaciones a autoridades de Chiapas por violaciones a un ambiente sano

Acreditó la responsabilidad institucional de Profepa, Conagua y ayuntamientos chiapanecos.

La CNDH emitió una recomendación a los titulares de la Conagua y Profepa, así como a los presidentes municipales de Tzimol, Comitán de Domínguez y Socoltenango, todos de Chiapas, por violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, en agravio de los habitantes de los municipios antes mencionados.

Lo anterior, luego de las quejas que la CNDH recibió el 19 de mayo de 2021 y el 11 de mayo de 2022, en el sentido de que el río San Vicente, ubicado en Tzimol, tiene grandes índices de contaminación debido a las descargas de aguas residuales.

Problemática que se agrava por el arrastre de los sedimentos de cambios de uso de suelo que ocasionan las actividades pecuarias y agropecuarias.

Esto, por parte de las personas servidoras públicas adscritas a la Conagua, a la Profepa y a los ayuntamientos mencionados que resulten responsables, “puesto que por acción y omisión no garantizaron los citados derechos humanos, en perjuicio de la población afectada y del interés público”, indicó en un comunicado.

“Por lo anterior, la CNDH solicitó a las personas titulares de Conagua, Profepa y a los presidentes municipales de Tzimol, Comitán de Domínguez y Socoltenango, que celebren un convenio marco de coordinación interinstitucional para la protección ambiental, restauración y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación del río San Vicente, en que se dé la efectiva participación de todos los sectores sociales”, añadió.

Asimismo, que diseñen un Programa Integral de Saneamiento del río San Vicente, en el que se garantice la participación de todos los sectores sociales y se incluya un cronograma con las actividades que efectuarán para atender la citada problemática.

De igual forma, deberán elaborar un programa anual de visitas de inspección calendarizado, para la vigilancia de las descargas de aguas residuales vertidas en el río San Vicente.

“En caso de detectar irregularidades, deberá iniciar los procedimientos administrativos y sancionatorios correspondientes. Si advirtieran hechos probablemente constitutivos de delitos ambientales, deberán presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República”, precisó.