Condena CIDH al Estado Mexicano por muerte de Ernestina Ascencio
Soldados violaron y torturaron a la indígena de 73 años en 2007
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que, el Estado Mexicano es responsable del abuso sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, a manos de soldados del ejército en 2007.
Este martes, se dio a conocer la sentencia por el caso denominado “Ascencio Rosario”, donde contrario a la versión que defendió el entonces presidente de México, Felipe Calderón, sobre que la indígena de 73 años había fallecido a causa de una “gastritis”, la Corte Interamericana resolvió que murió por las lesiones internas generadas por la violación tumultuaria de los elementos castrenses.
Asimismo, estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada; además que infringió la obligación de investigar con debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos de la mujer indígena náhuatl monolingüe, de la Sierra Zongolica en Veracruz.
Por lo que se concluyó que las pesquisas no incorporaron perspectivas de género, étnica ni etaria; fue cerrada prematuramente, sin haberse agotado las líneas de averiguación necesarias.
Aunado a ello, se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares.
Por motivo de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado Mexicano implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables.
Así como brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia, entre otras medidas.