FGR reafirma que cuenta con “datos de prueba contundentes” contra Ruffo

Cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otras evidencias

La Fiscalía General de la República (FGR) reafirmó que cuenta con “datos de prueba contundentes” contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su participación en una red de contrabando de combustible.

En un comunicado, la dependencia señaló que cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otras evidencias, que establecerían que, en su calidad de accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, el exmandatario habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.

La institución que encabeza Ernestina Godoy, indicó que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) “permitieron identificar la red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones, a través de dicha empresa, vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, la cual presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales”, se lee en el documento.

Asimismo, la FGR afirmó que, en entrevistas, Ruffo Appel reconoció tener el 49 por ciento de las acciones de la empresa señalada y tener conocimiento, cuando menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidad de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en los pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros. 

“El proceso penal en su contra continúa su curso ante la autoridad judicial competente, a quien corresponderá, con base en los datos de prueba desahogados dentro del proceso, determinar lo que en derecho corresponda”, agregó la dependencia.  

Por último, la institución aseveró que actúa con apego estricto al proceso penal y que al exgobernador de Baja California “se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.