Irregularidades atribuidas a Taddei podrían constituir como enriquecimiento ilícito: Consejero del INE
Indicó que ameritarían prisión preventiva oficiosa
Los señalamientos contra la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, podrían configurar delitos graves que ameritarían prisión preventiva oficiosa, sostuvo este jueves el consejero electoral Arturo Castillo.
En entrevista con medios de comunicación, indicó que entre los posibles delitos se encuentran enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, aunque aclaró que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si se configuran.
“Los hechos que se han acusado en medios de comunicación podrían llegar a constituir delitos. Delitos graves que se persiguen de oficio y que en términos del artículo 19 de la Constitución podrían incluso ameritar prisión preventiva oficiosa. Esa reforma que se hizo hace algunos años para ampliar los supuestos de prisión preventiva se hizo justamente para evitar que las personas se sustraigan a la acción de la justicia. Actualmente las cárceles están llenas de pobres... a los que se les ha aplicado esta figura. Me parece que una cuestión o un ejemplo o un caso en donde con mayor razón debería de considerarse su aplicación es el que estamos viendo aquí. Espero que la Fiscalía General de la República tome en cuenta esta cuestión y que esté haciendo ya las diligencias correspondientes. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Creo que... a ver, creo que podrían ser dos delitos concretos: enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, que están expresamente tipificados; pero eso es una cuestión que tendrá que valorar en su caso, por supuesto, la Fiscalía”, señaló.
Castillo Loza informó que, junto con sus colegas, acordó revisar todos los contratos y licitaciones del instituto, incluidos los que actualmente están vigentes, como el relacionado con la producción de la credencial para votar. Aseguró que se tomarán las medidas necesarias para garantizar el desarrollo del proceso electoral.
Asimismo, dio a conocer que acordaron implementar una serie de acciones para “avanzar en la depuración” de la institución, entre ellas la apertura de un buzón para que los funcionarios del INE puedan presentar denuncias de manera anónima.