Hasta 9 años de prisión podrían alcanzar quienes cometan delitos electorales, advierte la FEDE
La sanción aplica tanto al partido, candidato, o quien incumpla con la obligación de informar sobre el destino y origen de los recursos otorgados para sus actividades electorales.
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) Tabasco, Jorge Montaño Ventura, advirtió que quien cometa delitos electorales podría alcanzar penas de hasta nueve años de prisión.
Al participar en el Foro de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral: “Sistema de fiscalización de las campañas electorales en un sistema de elección basado en listas”, el funcionario de la Fiscalía General de Tabasco apuntó que ese tipo de delitos ya no solo se castiga por la vía administrativa, sino también penal.
La sanción aplica tanto al partido, candidato, o quien incumpla con la obligación constitucional de informar sobre el destino y origen de los recursos públicos que les son otorgados para sus actividades electorales.
“Hay una sanción pecuniaria de 200 a 400 días de multa, y de acreditarse un delito electoral, la pena es de 2 a 9 años de prisión, a quien se abstenga de entregar o niegue sin causa justificada la información de fiscalización que le sea solicitada por la autoridad electoral competente”, expuso.
El titular de la FEDE también refirió que se debe trabajar en el andamiaje jurídico para regular las redes sociales, en especial, cuando en éstas se agravia a una candidata con denostaciones, ya que son las principales afectadas.
El evento fue organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la modalidad semipresencial, y fue moderada por el secretario ejecutivo de la Jucopo, José Omar Sánchez Molina.
Intervinieron como ponentes en el Foro 19, Jorge Montaño Ventura, titular de la FEDE Tabasco; Gilberto de Hoyos Koloffon, fiscal especializado en Delitos Electorales de Nuevo León; Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el exdiputado federal, Marco Antonio Gómez Alcantar.
Durante el panel se respondieron las interrogantes ¿Cómo funciona la fiscalización del dinero para pagar campañas electorales?; ¿Quién es el responsable del uso adecuado de los recursos: el partido político o la persona candidata?; ¿Qué se puede hacer para que se rindan cuentas y se transparente cada peso que se gasta en las elecciones?