Acusan abogados a sector salud, de inflar padrón de beneficiarios del Seguro Popular
El Colegio de Abogados Tabasqueños denunció que en los años 2013 y 2014, cuando el ahora secretario de Salud, Rommel Cerna, estuvo al frente del Seguro Popular, se “infló” el padrón de beneficiarios de este programa, tanto así, que según sus documentos, el 100 por ciento de los tabasqueños estaría afiliado.
Al respecto, el abogado Pedro García Falcón señaló que el Gobierno del Estado habría afiliado a 600 mil personas ficticias, dado que la suma entre derechohabientes de otros organismos de salud y los del Seguro Popular, pasa los tres millones cuando en Tabasco la población es menor a esa cantidad.
“El registro de beneficiarios del Seguro Popular en Tabasco ascendió hasta octubre–septiembre del 2014, a un millón 619 mil 003 beneficiarios. Mientras que en 2015 los diferentes organismos del sector salud (IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX e ISSET), reportaron en conjunto un millón 386 mil derechohabientes. La suma de ambos registros da como resultado un total de tres millones 5 mil 341 personas con la cobertura de servicios de salud, mientras que en la fecha la población total del estado se estimaba en dos millones de habitante, es decir, la diferencia es de más de 600 mil personas”, ventiló.
“Y por cada afiliado al Seguro Popular la federación transfirió recursos conforme a la siguiente tabla: Cuota social: 633.98; Personas no derechohabientes: 396.54; Persona Oportunidades (tradicional): 203.83; Personas Oportunidades (Mas urbano): 208.54. Así en 2013 el Gobierno de Tabasco recibió mil 555 millones 171 mil 931 pesos para la atención de un millón 584 mil 835 personas y en 2014 mil 147 millones 456 mil 487 pesos para beneficio de un millón 619 mil tabasqueños”, abundó.
Asimismo, indicó que pese al recorte que hizo la Federación al padrón de beneficiarios, por doble afiliación, ni el OSFE ni la Contraloría han investigado dicha situación.
“Para el año 2016 el Gobierno Federal recortó 100 millones de pesos como resultado de la doble afiliación de beneficiarios. Para el presente año se estima en 180 mil los beneficiarios del Seguro Popular depurados por doble afiliación en otras instituciones del sector, significando el recorte de aproximadamente de 120 millones de pesos. Inexplicablemente ni el OSFE ni la Contraloría Estatal, han detentado esta conducta ilícita ni el destino del presupuesto ejercido por cada persona en el año 2013-2014, ni la responsabilidad de quienes debieron verificar los requisitos de afiliación”, apuntó.
Finalmente, el jurista mencionó que comparado con el caso del ex gobernador Andrés Granier, que fue sentenciado por el desvío de 196 millones de pesos del Seguro Popular, de comprobarse la ‘inflación’ del padrón de beneficiarios, los responsables, más allá del resarcimiento económico, también deben ser sancionados penalmente, por recibir y ejercer fondos federales sin ser población con derecho a los beneficios de este programa.