Ex trabajadoras de la Quinta Grijalva... denuncian acoso laboral y despido injustificado

 

Una denuncia por despido injustificado realizaron dos ex trabajadoras de la Quinta Grijalva; señalaron acoso laboral de la Secretaría Privada del Gobernador.

 

 

Krizzia Dayanee García, una de las afectadas, indicó que junto a su compañera, Mónica Velázquez Meza, sufrían malos tratos por la titular de la dependencia, Marcelina Blacio Ordóñez, y al encararla, aseguran que la funcionaria optó por despedirlas.

 

 

“Nuestra jefa directa era la señora Marcelina Blacio Ordoñez, la secretaria privada del ciudadano gobernador (Arturo Núñez), durante el tiempo que laboramos en la Quinta Grijalva la señora Ordoñez siempre tuvo actitud despectiva hacia nosotras, fue una cuestión de acoso y hostigamiento, nos aislaba del resto de las compañeras, prohibía que nos hablaran, nos amenazaba constantemente con pedirnos la renuncia; ella es del Estado de México, vino a trabajar aquí con el señor gobernador y precisamente por pedir respeto en nuestra área de trabajo, esa fue la inconformidad de ella, que nosotras siempre quisimos poner este límite de un jefe pero que nos tratara con respeto”, denunció.

 

 

 

 

“La señora Blacio nos despidió, dijo que quería nuestra renuncia ese día de la discusión que fue el 29 de noviembre de 2017 ya cuando estábamos en la puerta para salir, nos informó que al día siguiente no nos quería ahí, que nos presentáramos en la dirección de recursos financieros a disposición del licenciado Guillermo Mosqueda Camacho, quien es el director de recursos financieros, él intentó coaccionarnos diciendo que la instrucción que le había dado la señora Blacio Ordoñez era que firmáramos una renuncia, cosa que no aceptamos porque no es una renuncia, le dijimos que con todo gusto nosotros le firmaríamos una carta de despido en la que expusieran el motivo”, aseveró.

 

 

Ante dicha situación, la ex empleada de la Quinta Grijalva aseguró que les hicieron un levantamiento de una fe de hechos de entrega–recepción de los documentos que tenían a su cargo, pero que el notario sustituto de la notaría número 2, de la cual es titular el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Jorge Javier Priego Solís, no les entregó copia del documento.

 

 

“Nos hicieron un levantamiento de una fe de hechos de entrega

 

–recepción de los documentos que teníamos a nuestro cargo, llegó el notario público adscrito a la notaría número 2 de la cual es titular el licenciado Jorge Javier Priego Solís, actual magistrado (presidente) del Tribunal Superior de Justicia (de Tabasco), el notario sustituto se llama Armando Ovando Pérez, nos hizo este levantamiento del acta donde se supone que dábamos por entregado lo que teníamos a nuestro cargo y nos iban a llamar para darnos una copia de dicha acta, lo cual no sucedió, desde ahí vemos que hay una cuestión de intereses”, señaló.

 

 

Asimismo, Krizzia Dayanee comentó que el entonces secretario particular del gobernador, Francisco Iván González García, siempre tuvo conocimiento de los hechos y nunca les otorgó su derecho de audiencia, sino que autorizó la baja de ambas trabajadoras.

 

 

“Posteriormente nos cambiaron de área, y ya estando en la dirección de recursos financieros en mi caso, y en el caso de mi compañera Mónica Velázquez Mesa en la de recursos materiales, nos siguieron hostigando, acosando, vigilando por instrucciones de la señora Marcelina Blacio Ordoñez, con la complicidad del licenciado Guillermo Mosqueda Camacho, hasta que finalmente nos levantaron un acta administrativa con motivo según ellos, de malos tratos e injurias a nuestro jefe directo, eso lo hicieron con la autorización del entonces secretario particular del gobernador, licenciado Francisco Iván González García, quien no nos recibió, no nos dio derecho de audiencia, él simplemente firmó una solicitud de levantamiento de acta administrativa y finalmente un resolutivo donde se nos notificó según el cese de nuestras funciones”, afirmó.

 

 

Finalmente, la ex funcionaria estatal adelantó que continuarán su defensa laboral ante las instancias correspondientes e incluso ante organismos públicos como Derechos Humanos.