Giran orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz
Un juez federal avaló una orden de aprehensión para capturar a Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, luego de que éste fuera acusado por el delito de abuso de confianza y manejo indebido de recursos en la administración de la empresa Oro Negro.
Gil White, había promovido una demanda de garantías, sin embargo, la juez primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo, rechazó otorgarle la protección de la justicia.
Al hijo del exfuncionario federal durante el gobierno de Vicente Fox, se le investiga por presuntamente disponer de manera indebida de 750 millones de pesos de un fideicomiso que provocó agravio a unos inversionistas, además en este delito se involucra al Consejo de Administración de la empresa perforadora Oro Negro, que enfrenta hoy en día un concurso mercantil tras estar en banca rota.
La juez Sandra Leticia Robledo, dijo que la orden de aprehensión cumple con los requisitos expuestos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, por lo que no se vulneran los derechos del quejoso.
Gonzalo Gil White y su primo José Cañedo White, fueron los fundadores de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro en 2012, y obtuvieron contratos y una inyección de 200 millones de dólares suscrito por las afores Sura y Citibanamex.
Para 2014, obtienen una filial denominada Servicios Petroleros Oro Negro, con la cual obtuvieron contratos millonarios firmados por Carlos Morales Gil, quien era director de Pemex Exploración y Producción.
En 2015 con Emilio Lozoya al frente de PEMEX, recibieron un contrato por 4 mil 247 millones 500 mil pesos, que incluía el arrendamiento sin opción a compra de plataformas de perforación, sin embargo, los contratos se renegociaron por un recorte al presupuesto que sufrió la empresa productiva.
En 2019, un juez en la Ciudad de México ordenó a Oro Negro entregar las cinco plataformas marinas, tras desestimar un presunto financiamiento por 450 mil dólares, pero la perforadora no tenía los recursos necesarios para cubrir los gastos operativos y de mantenimiento, por lo que el Poder Judicial de la Federación declaró a la compañía en quiebra.