Revelan espionaje con software Pegasus en gobierno de AMLO
De acuerdo a investigación, “existe evidencia de que la administración actual sí ha suscrito contratos (…) con compañías vinculadas con la venta del malware”.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a 2021, el software de espionaje Pegasus fue utilizado contra al menos tres periodistas y defensores de derechos humanos, reveló la investigación “Ejército Espía” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En una conferencia de prensa, la organización Artículo 19, que también participó en la investigación, indicó que el espionaje se realizó contra Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y otro periodista del medio Animal Político.
Por medio del sistema Pegasus, se pudo acceder a la información de mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajerías, libreta de contactos, notas, fotos, y cualquier archivo almacenado en los dispositivos de las tres víctimas.
También se pudo tener acceso a sus contraseñas guardadas, activar el micrófono y la cámara de manera remota, y “borrar cualquier rastro de la infección volviéndose casi indetectable”.
La investigación afirma que “existe evidencia de que la administración actual sí ha suscrito contratos (…) con compañías vinculadas con la venta del malware”.
De hecho, revela que el hackeo del grupo “Guacamaya” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó en evidencia que la corporación adquirió un “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” a Comercializadora Antsua, en abril de 2019, empresa intermediaria que tenía autorización de NSO Group, propietaria de Pegasus, para ofrecer sus productos.
“La Secretaría de la Defensa Nacional contrató, con Comercializadora Antsua SA de CV, un sistema de monitoreo remoto de información en abril de 2019. La Secretaría de la Defensa Nacional ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por la vía de solicitudes de acceso a la información”, indicó.
La investigación concluyó que el Ejército mexicano “no cuenta con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles”, pero “ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal”.
Artículo 19 aseveró que los hallazgos de la investigación “contradicen a las promesas del presidente, en la cual señala que en su gobierno no se contrataría sistemas de espionaje", por lo que ya se están presentando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República “por la intervención ilegal de comunicaciones privadas".