Avanza al fin iniciativa para nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial en Tabasco
La propuesta fue presentada hace un año
A casi un año de que el gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, presentó la iniciativa para expedir la nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial, este viernes se aprobó el dictamen en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso tabasqueño.
La diputada del PRI, Soraya Pérez Munguía, informó que el dictamen también incluye la propuesta que ella presentó antes que el Mandatario estatal.
Asimismo, celebró que Tabasco se sume a la responsabilidad de reparar el daño a los ciudadanos por faltas u omisiones de la autoridad.
La legisladora refirió que si bien no se expide un apartado presupuestal para responder a los ciudadanos afectados, los Ayuntamientos tienen que hacer ajustes, además que eso incentivará a las autoridades a ser más efectivos para evitar juicios.
“Uno de los mayores inconvenientes era que prácticamente todos los ayuntamientos que contestaron lo hicieron en el sentido que implicaría un presupuesto que hoy no tienen, sin embargo, la respuesta del secretario, en ese momento Said Mena, me pareció la más contundente, porque él comenta que aunque no haya un presupuesto establecido es una obligación atender las demandas de los ciudadanos”, afirmó.
Finalmente, la priísta dijo esperar que la ley no se convierta en letra muerta.
“No sabemos cuándo va a subir al pleno, supongo que dado que hay un apercibimiento de un tribunal lo van a hacer rápido, sin embargo, una vez que pase un daño, cada una de las dependencias tienen que ir haciendo esas provisiones presupuestales, yo lo último que quiero es que sea letra muerta”, indicó.
En abril de 2022 el Congreso dio entrada a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Tabasco y sus Municipios, y por el que se propone reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado, para establecer la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por su actividad administrativa irregular, en los bienes o derechos de los particulares.
La propuesta busca dar respuesta a la demanda ciudadana del pago de una indemnización generada por responsabilidad patrimonial de parte de los entes públicos; para ello, se prevé efectuar los ajustes presupuestales necesarios para el pago de dichas indemnizaciones.
Asimismo, pretende que las personas tengan certeza sobre cómo, cuándo y a través de qué vía pueden exigir una indemnización, y hacer efectivo su derecho a la reparación ante una actuación irregular del Estado.