Diputados del PRD Tabasco convocan a resistencia civil pacífica contra registro obligatorio de celulares

Señalan que esta medida "choca" directamente con varios principios de la Constitución

La bancada del PRD en el Congreso de Tabasco convocó a la población a la resistencia civil pacífica contra el registro obligatorio de líneas telefónicas celulares, medida impulsada por el Gobierno federal.

A través del diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, la fracción parlamentaria señaló su rechazo al registro de líneas vinculadas a la CURP, al considerar que el argumento oficial, el combate al delito y a los grupos delincuenciales, está muy alejado de la realidad.

Además, expuso que esta medida “choca” directamente con varios principios de la Constitución, violando Derechos Humanos primordiales como el derecho a la privacidad; la presunción de inocencia, la libertad de trabajo, entre otros.

Advirtió que concentrar los datos personales de más de 134 millones de mexicanos en una sola base de datos es crear un blanco gigantesco para ciberdelincuentes y actores maliciosos.

Además, refirió que una base de datos masivo con CURP, nombres, domicilios y números telefónicos “es el sueño de cualquier estafador”, por lo que su posible vulneración permitiría cometer fraudes, suplantaciones de identidad y extorsiones “a una escala nunca vista”.

“La amenaza de ‘apagón’ es una forma de presión desproporcionada que no toma en cuenta las consecuencias reales para la población. Por ello, convocamos a la población a la resistencia civil pacífica contra el registro de líneas celulares. Decimos no al registro obligatorio, porque registrar no es una solución de seguridad, sino un problema que atenta contra derechos humanos; es ineficaz, peligroso y de difícil implementación”, aseveró.

Por último, manifestó que la suspensión masiva de líneas de quienes se niegan a registrar causaría un colapso económico y social del país, ya que millones de personas perderían el acceso a la banca móvil, redes de comunicación y empleos, generando un daño económico incalculable que el propio Estado no podría gestionar.