Pese a rechazo de Iglesia y activistas, se reanuda programa “Quédate en México”

Con el rechazo de la Iglesia Católica  y la incertidumbre por parte de defensores de migrantes, este lunes se reanudó el programa “Quédate en México” (MPP, por sus siglas en inglés), instaurado durante la administración del expresidente Donald Trump, mediante el cual los migrantes deben esperar en territorio mexicano la respuesta a solicitudes de asilo en el vecino país del norte.

A través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dijo recibir con decepción la noticia de que el Gobierno federal haya aceptado reanudar el programa “Quédate en México”.

“Ya que este viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución, y no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado”, se lee en el escrito.

Asimismo, la CEM deseó que las personas en contexto de migración que se encuentran en territorio mexicano “puedan ver una luz de esperanza en este valle de indiferencia, dolor y discriminación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

Por otra parte, las preocupaciones de los defensores de migrantes giran en torno a que “Quédate en México” pueda garantizar las condiciones de seguridad y salud para los solicitantes de asilo.

Ejemplo de ello es Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria, quien señaló que, aunque esta versión del programa “MPP” puede verse ligeramente diferente al de la administración de Trump, “los mismos desafíos fundamentales para los migrantes y el sistema de inmigración de EE. UU., permanecen”.

En tanto, el investigador de la organización Human Rights First, Kennji Kizuka, dio a conocer que, ante la nueva implementación del programa, el responsable de exjueces de inmigración emitió este lunes una declaración en la que condena a “Quédate en México” como la “antítesis de la justicia”, ya que considera que representa una afrenta al debido proceso para los migrantes, así como para la justicia y la transparencia por parte de las autoridades promoventes.

En este sentido, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseveró que la reanudación del programa debe verse como una muestra más de que el Gobierno de México está priorizando una visión humanitaria en la política migratoria.

“Yo creo que nosotros tenemos que asumir esta resolución que ha adoptado en el ejercicio pleno de su soberanía el Gobierno de México, como una medida de carácter humanitario, para que todas las personas que no están en condiciones para retornar a su lugar de origen por diversas razones… tengan la oportunidad de permanecer en nuestro país, en espera del refugio solicitado en Estados Unidos”, dijo.