Abre FGR investigación contra Universidad Tecnológica del Usumacinta y dos más de Sinaloa y Estado de México

A cuatro años de darse a conocer la investigación denominada “La Estafa Maestra” que consiste en la triangulación fraudulenta para el desvió de recursos públicos a través de Universidades Públicas, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra tres universidades, entre ellas, la Universidad Tecnológica del Usumacinta.

El portal de investigación, Animal Político, dio a conocer que un informante de la Fiscalía General de la República confirmó el inicio de las investigaciones en contra de las Universidades Públicas de Tabasco, Sinaloa y Estado de México, por su presunta participación en el desvió de más de 300 millones de pesos, ocurrido durante los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto.

Dichas carpetas de investigación fueron iniciadas a partir de 10 denuncias presentadas el pasado 23 de julio, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) de Tabasco, la Universidad Politécnica de Sinaloa y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

Según la relatoría de la denuncia penal, luego de recibir el dinero y no cumplir con ninguno de los servicios comprometidos, con la presunta complicidad de sus rectores y funcionarios públicos, éstas universidades, enviaron los recursos a empresas “subcontratadas” para que lo llevaran a cabo, sin embargo, muchas de éstas contratistas, resultaron ser “fantasma” o ilegales.

Mientras que en el caso preciso de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, se precisó que ésta habría incurrido en presuntos actos de corrupción con un quebranto financiero a las arcas públicas de alrededor de 54 millones de pesos.

Según las investigaciones, éstas irregularidades fueron resultado de los convenios específicos que firmó en 2018 con Petróleos Mexicanos (Pemex), específicamente con su filial Exploración y Producción, durante la administración del Gobernador Arturo Núñez.

En su relatoría, la ASF, expuso que la Universidad del Usumacinta, no contaba con la capacidad para cumplir con los servicios establecidos en el contrato que se les entregó de manera directa y sin licitación, por lo que recurrió a la subcontratación de tres empresas, de las cuales ninguna realizó ningún trabajo, según consta en los reportes de las supervisiones físicas.