Aprobación del Padrón de Celulares con datos biométricos viola la Constitución y atenta contra derechos humanos: Especialista

El constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés Ríos, advirtió que la aprobación del Padrón de Celulares con datos biométricos viola la Constitución y atenta contra derechos humanos.

El especialista, dijo en entrevista con La Jornada, admitió que las reformas aprobadas por el Senado con las que se obligaría a los usuarios de telefonía a registrar sus datos biométricos es una medida en favor de la seguridad pública, ya que es en realidad, “una muestra de que el Estado estaría transfiriendo a los usuarios de la telefonía móvil el problema de su incapacidad para resolver el tema de inseguridad”. 

El también ex procurador general de la República, recalcó en la entrevista, que esta reforma viola dos artículos del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución:, el 6 y el 20, además de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Precisó que, en el caso del artículo 6, este establece que el uso de las telecomunicaciones es un derecho que el Estado debe garantizar sin arbitrariedades y debe ser inclusivo, pero con estas reformas lo hace excluyente, pues quien no aporte sus datos personales no tendrá acceso, lamentó.

En otro momento, dio a conocer varias opciones para echar atrás la reforma aprobada por el Senado, una fracción del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, deben presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; mientras que los usuarios podrían gestionar amparos.

Lamentó que ahora, serían los particulares quienes pagarán las consecuencias de que las autoridades no estén cumpliendo con su obligación de brindar seguridad.

Por último, alertó sobre los peligros para las compañías de telecomunicaciones ante esta reforma, ya que dijo,  la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece que el tratamiento indebido de la información personal es un delito que puede ser castigado con multas y hasta prisión.