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ASF reporta irregularidades y opacidad en la Función Pública federal; acusa que le negaron el acceso a instalaciones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y deficiencias en la Secretaría de la Función Pública (SFP), además de que señaló que la dependencia bajo el mando de Irma Sandoval, "mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF".

El informe de la auditoría señala a la SFP de tener una postura incongruente durante el proceso de fiscalización, pues no respetó la aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad "que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades".

ASF reporta irregularidades y opacidad en la Función Pública federal; acusa que le negaron el acceso a instalaciones
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Argumentando no tener la información, la SFP negó un expediente sobre presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical.

La ASF también señaló a la Función Pública por irregularidades en la contratación de seis funcionarios a altos cargos, pues no contaban con los años de experiencia necesarios para los puestos. 

Informó que durante su primer año, 2019, solo hizo 92 investigaciones de evolución patrimonial, en comparación con las 575 mil 834 declaraciones presentadas por funcionarios ese año. Además de que no hubo una política que justificara la selección de funcionarios sujetos a investigación.

Sentenció que "no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la APF durante 2019, situación que provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso a su papel estratégico de vigilancia y control".

Sobre el informe de fiscalización presentado por Irma Sandoval en febrero de 2020, criticó que ni siquiera estaba debidamente fundamentado en el marco constitucional el concepto de ´fiscalización´ empleado.


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