Inhabilita la SFP por 10 años a ex director de CONADE Alfredo Castillo

No declaró más de 18 mdp

Inhabilita la SFP por 10 años a ex director de CONADE Alfredo Castillo

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 año a Alfredo Castillo, ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en la administración de Enrique Peña Nieto por faltar a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

En un comunicado, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción al ex funcionario para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que el también  ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

La dependencia, señaló que dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.

Aseguró que, durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.

Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

Sandoval Ballesteros manifestó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”. 



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