Niega Corte prórroga a diputados para reformar Ley sobre Uso de la Fuerza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó a la Cámara de Diputados la prórroga solicitada para cumplir con el fallo donde le ordenó reformar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, corrigiendo las deficiencias que los ministros le encontraron, en materia de derechos humanos.

El fallo fue emitido el 26 de octubre del año pasado, ante la acción de inconstitucionalidad 64/2019 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ordenando al Congreso de la Unión realizar las correcciones en su primer periodo ordinario de sesiones, el cual concluyó en abril pasado.

Sin embargo, el fallo no se cumplió, por lo que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, solicitó a la SCJN una ampliación del plazo y les permitan hacer las reformas necesarias en el segundo periodo de sesiones de este año.

Lo anterior, bajo el argumento de que están trabajando en el tema, sobre el cual existen iniciativas de diversas disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, las cuales se turnaron a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

No obstante, la SCJN se negó a ampliar el plazo otorgado, según se dio a conocer en un acuerdo publicado ayer martes: “Al respecto, no ha lugar a otorgar prórroga de plazo para el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto, ya que plazo fue claramente especificado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La SCJN también solicitó información al Senado sobre los pasos que ha tomado para cumplir con su fallo, y la respuesta fue que en esa cámara no se analiza ninguna propuesta al respecto: “el Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores, después de una búsqueda en los archivos determinaron que no tienen registro de algún documento tendente a dar cumplimiento al fallo constitucional dictado en el presente asunto.”

Finalmente, el máximo tribunal emplazó a la Cámara de Diputados, como cámara de origen de la Ley en cuestión, para que en los próximos diez días hábiles le entregue copias certificadas de los documentos que “acrediten los actos que ha llevado a cabo para lograr el cumplimiento fehaciente del fallo constitucional”.