Niega Segob que se rechace inversión de IP con reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que el gobierno federal con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busque monopolizar el sector.

Aseguró que tampoco se pretende rechazar la inversión privada en materia energética, puesto que dijo, las reformas y acuerdos propuestos buscan dar rectoría del sector al Estado.

Sánchez Cordero también refutó que la reforma enviada por el mandatario federal el lunes al Congreso, afecte a los acuerdos comerciales, en particular al nuevo T-MEC.

“Yo creo que tenemos los suficientes asideros convencionales y constitucionales para avanzar, porque quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no, y eso quiero que quede claro, en muchos temas este gobierno ha retomado lo que se ha llamado la rectoría del Estado, la rectoría del Estado está en la Constitución”, afirmó.

La funcionaria federal se dijo respetuosa de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien declaró inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política que la Secretaría de Energía emitió el año pasado, y dijo que la resolución será acatada.

Aunque rechazó que esto afecte el avance de la reforma en el Congreso, puesto que la resolución es únicamente sobre la constitucionalidad de esta política.

Sánchez Cordero aseguró que la CFE sí puede garantizar hoy en día confiabilidad. 

“En este momento, la Comisión Federal de Electricidad sí puede garantizar esta confiabilidad, este suministro y esta continuidad en el servicio, yo creo que algo importante que tenemos que ver es la regularización en todo”, dijo.

La propuesta del titular del Ejecutivo federal, busca que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre los generadores privados de energías renovables, y por último, las de ciclo combinado.

La iniciativa también plantea revisar los contratos ya otorgados, eliminar las subastas eléctricas y restringir el autoabastecimiento.