Senado aprueba con cambios Ley Federal de Derechos y sepulta “Big Brother” fiscal; regresa con cambios a San Lázaro

Con 61 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, la Ley Federal de Derechos para 2021 con modificaciones.

Durante la discusión, rechazaron la propuesta de evitar el aumento en el costo del internet, telefonía fija y celular, por lo que regresará a la Cámara de Diputados federal.

Aunque aprobaron los artículos reservados a propuesta de los morenistas José Luis Pech y Marybel Villegas Canché, quienes plantearon modificar la Ley para eliminar el cobro de ingreso a territorio nacional, de extranjeros con una estadía menor a siete días.

Durante la sesión, el morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, puntualizó que en el largo plazo el objetivo es que se asegure tanto una mayor recaudación como la justicia tributaria, al plantear que quien gane más pague más y viceversa, a fin de que exista una distribución de la riqueza. 

“Debemos de dejar de pensar en paquetes económicos que solo valoran criterios de crecimiento, lo que no hemos entendido en política macroeconómica, es que el crecimiento económico no significa necesariamente desarrollo humano, el crecimiento económico no se traduce en calidad de vida necesariamente. 

“Lo que tenemos que trabajar a partir de ahora es con la construcción de paquetes económicos que promuevan el combate a la pobreza, el combate a la marginación y a la vulnerabilidad, debemos dejar de pensar en leyes de ingresos que solo atienden los números fríos de la economía”, dijo. 

A nombre de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, pidió revisar la intención de realizar visitas domiciliarias por parte del SAT, al afirmar que rebasan el propósito de una visita administrativa e invaden el domicilio y la privacidad de las personas. 

Por su parte la priista Nuvia Mayorga, señaló que no se está atendiendo la crisis económica y sanitaria, al abundar que se quieren autorizar 700 mil millones de pesos para la contratación de una deuda interna, pero no se asegura el destino de esos recursos. 

“Solo les está preocupando obtener recursos para manejarlos con discrecionalidad, así como no sabemos cómo se van a destinar los 68 mil millones de pesos que se fueron de los fideicomisos que se cancelaron. Tienen las obras faraónicas, los programas clientelares y ya estamos viendo que ya la gente empezó a reaccionar, porque la gente quiere un recurso en su bolsillo y esto se está dando por no apoyar al sector productivo de nuestro país.

“Se estima un crecimiento para este año de menos el ocho por ciento, y para 2021 el crecimiento económico que están manejando es de 3.4, sin embargo esto no es verdad y lo estamos viendo, ni Estados Unidos que es nuestro país vecino tiene pronosticado estas cifras para cerrar 2021”, señaló. 

En tanto Samuel García, de Movimiento Ciudadano, cortó un pan de muerto en diferentes pedazos, al apuntar que existe inequidad entre el aumento al presupuesto y el recorte entre el 8 por ciento y 12 por ciento a estados y municipios. 

Además que se pronunció en contra de que auditores del SAT entraran a domicilios con cámara para grabar y fotografiar, violando el derecho a la privacidad. 

“El paquete es inconstitucional, el permitir que los auditores del SAT entren a sus domicilios con cámara para grabar fotografía y video, viola tratados internacionales, viola el artículo sexto de la Constitución que es el derecho a la privacidad y, obviamente, es un vil terrorismo que permitan violar el artículo 16, que prohíbe a los funcionarios molestarnos en nuestro domicilio.

“El presupuesto es completamente ilegal, viola el principio de inocencia”, aseveró.

Por otro lado a nombre de su bancada, la panista Minerva Hernández, sostuvo que este paquete presenta muchas inconsistencias, y no existen estímulos ni beneficios fiscales para los micro y pequeños negocios del país.

Tras conocer las posturas, se aprobó una reserva de lo que se conoció como el “Big Brother” fiscal, el cual unificó a las bancadas en contra de esta medida, quienes resolvieron eliminar del proyecto del Código Fiscal de la Federación, la facultad del SAT para el uso de herramientas tecnológicas con el fin de recabar imágenes o materiales que sirvan como constancia de la notificación personal.