Defensa de Israel Vallarta no ha aceptado estrategia para lograr su libertad: Sánchez Cordero

Recordó que Israel Vallarta se encuentra privado de su libertad desde 2005 por la presunta comisión de diversos delitos, como secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas, algunas de ellas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, precisó que además de la causa donde se le vincula a su expareja, Florence Cassez, aún tendrá otra causa penal que deberá resolver.

“El caso ha sido revisado desde septiembre de 2019 en coordinación con el señor Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de la sentencia, y la conclusión sería que el señor Vallarta no han aceptado algunas de las estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación, consistentes en promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. 

“Esta estrategia lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que si es esta estrategia es previsible, muy probable que sea absuelto en dicho asunto, sin embargo, continúa una causa penal pendiente”, señaló.

Sánchez Cordero, señaló que el pasado 19 de julio el abogado de Israel Vallarta presentó nuevas pruebas documentales, lo que podría alargar el proceso, toda vez que el juez no podría dictar la sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas.

Por su parte el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó que en este caso existe una recomendación por presunta tortura durante su detención, lo que cancelaría las pruebas y otorgaría la libertad a Vallarta.

“Ya tiene 16 años en reclusión sin sentencia, cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir ésta es de dos años (…) a nuestro juicio debe ser considerado por jueces, y por lo tanto la tortura deben invalidar las pruebas posteriores a su detención para esta causa en específico”, manifestó. 

Este jueves durante la “mañanera” fueron abordados también los casos de tortura de Brenda Quevedo Cruz y María Isabel San Agustín, pues tienen el componente similar de la actuación de la autoridad judicial y la tortura. 

Los funcionarios afirmaron que ambos casos no han sido resueltos por trabas burocráticas, derivadas de la pandemia de COVID-19.