Depositario no quiere entregar vacas a los hermanos Lezama Zubieta: FGE

La Fiscalía General de Tabasco alegó que la persona a la que designó como “depositaria ministerial” se ha negado a regresar las 267 reses que fueron aseguradas en el rancho “San Gerónimo”, en Jonuta.

En entrevista para Telereportaje, José Luis Rodríguez Valadez, coordinador de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de la FGE, reconoció que no han podido cumplimentar el mandato del Juez Primero de Distrito, de regresar a los hermanos Lezama Zubieta las reses que les fueron aseguradas en abril de 2021 en su rancho.

Explicó que todo inició debidos a que una persona se presentó ante la Fiscalía de Abigeato, para denunciar que había sido víctima de despojo, daños y robo de ganado.

Por lo cual, dijo, se iniciaron las indagatorias, se ubicó el lugar donde se encontraban las vacas que reclamaba esta persona y se procedió a su aseguramiento, para posteriormente ser puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Es así como se llevaron a cabo las diligencias que corresponden como son periciales, fotografías del ganado y la verificación del fierro que estaba demostrando la persona que afirma que el ganado es suyo.

“Estos animales, obviamente necesitan un cuidado y al mismo al denunciante se le hace responsable, para que los animales estén bajo su cuidado, en una figura de depositario ministerial provisional, para efectos de tener su cuidado, para que estos animales tuvieran atención. Esta circunstancia otorga ciertas obligaciones, como son: no puede deshacerse de esos animales, no puede venderlos, y cuando fuera requerido, tendría que entregarlo; ese rancho que quedan resguardados, es señalado por el propio depositario”, indicó.

El funcionario abundó que, posteriormente, en esa misma carpeta de investigación, compareció otra persona, es decir, Julio César Lezama Zubieta, alegando que el ganado es suyo, mismo que consiguió un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito el 15 de diciembre de 2021.

Y que se notifica de manera formal el 26 de mayo de 2022, en el que obliga a que los animales sean restituidos al reclamante, en este caso, a Julio César Lezama Zubieta.   

En dicha sentencia dijo, el juez de Distrito, solicitó que se llevaran a cabo dos circunstancias, la primera, dejar insubsistente un acuerdo de aseguramiento que se había dictado en la carpeta y que este animal le fuera devuelto al quejoso; y la segunda que de manera física se le entregaran los animales. 

Aseguró que, de estos mandatos, sólo se ha dado cumplimiento al primero.

“Se le requiere en un primer momento al depositario, que haga entrega de los mismos, para dar cumplimiento a la sentencia. Pues esta persona, quien también se dice ser propietaria de los animales, señala que no está en posibilidades de hacer entrega de los animales de manera física, porque señala que el lugar donde se encuentra, está en una región que corresponde al estado de Campeche. Lo que hace esta Fiscalía, es a través de colaboraciones, solicitar que la Fiscalía de Campeche apoye para la recuperación de estos animales. Esta circunstancia ya se le ha informado al Juzgado de Distrito”, agregó.

Rodríguez Valadez reconoció que incluso, ahora “el depositario” no permite los peritos de la Fiscalía del Estado puedan ingresar al predio donde se encuentran los animales.

Por lo que aseguró se agotaran todas las medidas legales para llevar a cabo el aseguramiento de los animales en Campeche y entregarlos a la persona que mandata el juez.

“Esa sentencia que se emitió, ya es una sentencia firme - ¿Entonces la Fiscalía no puede hacer nada? – De hecho, eso es lo que se está haciendo, a través de la Fiscalía de Campeche, de hecho ya se le está haciendo del conocimiento, tiene que entregar esos animales - ¿La Fiscalía podría revertir el papel? – Sí, tendríamos que analizar si esa conducta pudiera constituir algún ilícito, y tendríamos que investigarlo”, señaló.

Refirió que hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión contra nadie, pues la carpeta que derivó en este caso se encuentra en la primera etapa de investigación.

Además, justificó por qué se procedió al aseguramiento de las reses antes de concluir las indagatorias.

“Ese aseguramiento es provisional, porque teníamos una denuncia por el robo de unos animales, la persona que usted menciona, comparece posteriormente, porque esta otra persona, la primera, presenta su fierro y dice: esos animales tienen mi fierro, por lo tanto me pertenecen, pero la otra persona también dice: también me pertenecen a mi, y esa es la discrepancia que hay dentro de la carpeta, que ambos están peleando esa propiedad. La circunstancia es que el mismo ofendido que presenta la denuncia,  señalaba el temor de que después que se hiciera esto, esos animales ya no estuvieran, que podría caber la posibilidad”, comentó.

José Luis Rodríguez justificó que, aunque el Juez Primero de Distrito declaró ilegal el aseguramiento de las 267 reses sin contar con una orden judicial, la Fiscalía sí estaba facultada para realizar dichas diligencias.

“Había una orden de investigación, la ley procesal también señala algunas cuestiones o diligencias que se pueden llevar a cabo, sin una orden judicial, por ejemplo, entrar a un lugar cerrado sin una orden, el Código señala que si la persona autoriza por escrito, se puede hacer, y en este caso en particular, el informe que se nos otorga es que el lugar donde estaban estos animales, el apoderado del propietario de ese lugar, había autorizado ese ingreso, entonces el Código Nacional permite en ciertas ocasiones, ese tipo de ingreso a lugares cerrados, incluso sin contar con una autorización judicial”, apuntó.

Finalmente, el coordinador de la Fiscalía para el Combate al Abigeato aseguró que no se están negando a cumplimentar la orden del juez, por lo que se está recurriendo a las colaboraciones que sean necesarias.