Apoyos sociales no son una estructura electoral, aclaran al exponer resultados del Informe País 2020

Apoyos sociales no son una estructura electoral, dejó en claro Diego Enrique Silva Díaz, profesor de derecho y encargado de exponer desde una perspectiva académica el “Informe País 2020”.

Este documento publicado por el INE ofrece un diagnóstico sobre la calidad de la ciudadanía y la democracia en México.

Al entrar al análisis del clientelismo electoral, sostuvo que el informe reconoce a actores sociales conocidos como “Brokers” que distribuyen recursos, ayudas y programas sociales para la construcción de redes clientelares de los políticos y partidos.

“Es alarmante que la gente que recibe los recursos públicos los considera como un apoyo, no los considera como un derecho que ellos tienen. El informe reconoce actores sociales que se denominan Brokers que son personas que facilitan la gestión de apoyos sociales, y que justamente se empieza a ver que la persona que consiguió la beca o la pensión no me está dando una obligación sino un apoyo, y eso en la mayoría de los casos se ve reflejado en las urnas, por eso es preocupante hablar de la forma de cómo se distribuyen los recursos públicos”, declaró.

Silva Díaz argumentó que se debe hacer una fiscalización más exigente sobre los apoyos sociales y hacer entender a la gente que el apoyo social no son dádivas para votar por el partido en el poder.

El informe establece que es preocupante que los votantes tomen decisiones basadas en incentivos de corto plazo en vez de premiar o castigar el desempeño del partido político en el poder.

En el tema de la corrupción, sostuvo que muchas personas opinan que es imposible que se pueda terminar con la corrupción e incluso algunos la normalizan.

Y es que una gran parte de los encuestados dijeron ver bien que los funcionarios reciban sobornos cuando su salario es bajo.

“Cuando se les pregunta a las personas si es posible erradicar la corrupción, un porcentaje mayoritario dice sí, pero también la minoría con diferencia mínima con respecto al porcentaje mayoritario dice que es imposible. Hay gente que justifica los actos de los servidores públicos, en el sentido de que se puede asumir como una conducta normal de que una persona que está en el gobierno dé facilidades a sus familiares y amigos, pero también hay porcentajes que te hablan de que es apropiado que se utilicen los recursos públicos en beneficio propio”, apuntó.

También la publicación habla sobre la discriminación. Y es interesante que las personas con discapacidad o de origen étnico se sintieron más rechazadas que las personas que padecían COVID-19.