Con Plan B, INE llegará mermado al próximo proceso electoral: Elizabeth Tapia

La entrada en vigor de las reformas en materia electoral, mejor conocidas como “Plan B”, genera mucha incertidumbre sobre el inicio del próximo proceso electoral 2023-2024, advirtió la vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE, Elizabeth Tapia Quiñones.

Señaló que aún están resolviendo cuál será la estructura con la que trabajará el instituto, ya que lo preocupante es el recorte que se realiza a la plantilla laboral, particularmente a los miembros del servicio profesional electoral, mientras que en la rama administrativa es incierto, ya que se habla de reducir el personal al mínimo.  

Aseveró que, si los tribunales llegaran a confirmar la validez de la reforma, el órgano electoral puede iniciar “mermado” el arranque del proceso electoral.

“(La reforma) nos deja en este momento en una situación de incertidumbre, estamos tratando de resolver en sí cuál va hacer la nueva estructura con la que va operar el INE, estamos tratando de resolver cuáles van hacer las modificaciones concretas que quedan en la legislación, mucho se está litigando aún, así que hay mucha incertidumbre respecto a cómo vamos a iniciar el siguiente proceso electoral.

“A mí me parece que merma la capacidad del instituto, además de que vamos a perder una gran cantidad de experiencia y expertis de gente que ha dedicado su carrera profesional a organizar elecciones y que en este momento está en riesgo su permanencia dentro del instituto; si el Plan B prevalece y continúa su camino en los términos en que está, sin que haya una corrección, sí llegaremos mermados al inicio del proceso electoral”, manifestó.         

Tapia Quiñones recordó que la reforma elimina todas las juntas distritales para ser sustituidas por oficinas auxiliares, que estarán integradas por un vocal operativo, por lo que, en Tabasco, 27 vocales serían despedidos, aunque será en agosto cuando se conozca el número total de personas que saldrán.

“Aunque constitucionalmente no se pudieron hacer las reformas para restarle atribuciones al instituto, lo cierto es que minándole su capacidad técnica y su capacidad operativa sin duda se va afectar su habilidad para poder cumplir con sus atribuciones”, apuntó.

Por último, confió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral federal hagan una valoración responsable de los recursos legales promovidos contra la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy segura que los tribunales van hacer una valoración responsable del contenido del Plan B para hacer, ya que es su obligación, prevalezca lo que mandata la Constitución”, concluyó.