buscar noticiasbuscar noticias

Consejera del INE llama a derribar las estructuras que normalizan la violencia vs las mujeres

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Beatriz Claudia Zavala Pérez, llamó a derribar las estructuras que normalizan la violencia contra las mujeres.

Al impartir la conferencia ¿De qué va la 3 de 3 contra la Violencia hacia las Mujeres y los Tribunales de Justicia?, organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT), expresó que es un logro el que se haya reconocido, puesto un nombre y que ya esté incorporada en las leyes la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Consejera del INE llama a derribar las estructuras que normalizan la violencia vs las mujeres

Indicó que, a pesar de que había una estructura, un marco constitucional y tratados internacionales en el que abordaban los temas de violencia, se había dejado a un lado la violencia política.

Expuso que todas y todos tenemos que trabajar mucho para transformar la sociedad y erradicar las conductas que han sido normalizadas y que hoy se sabe que son diferentes tipos de violencia.

“Siempre hay que estar perfeccionado el modelo, porque recordemos que el tema social es el que nos está marcando la pauta, pero hoy por hoy lo que tenemos que ponernos a trabajar todas y todos es para transformar nuestra propia estructura, derribar todas las estructuras que normalizan la violencia y derribar todas los actos que nosotros estamos acostumbrados como hombres y mujeres y que ahora reconocemos que se llama violencia”, comentó.    

Zavala Pérez, expuso que un cargo público no puede estar ocupado por una persona que tenga sentencia firme de violencia, incluso, aunque lo haya cometido desde el sector privado.    

“De verdad queremos que los cargos públicos y yo diría que también los privados, hay que empezar a alinearlos socialmente, ¿queremos que estén personas violentadoras?, porque los esquemas de violencia se reproducen en lo público y en lo privado”, agregó.     

Recordó que hoy la ley establece que no puede desempeñarse como servidor o servidora pública una persona que haya sido sentenciada por violencia familiar o doméstica, sexual, deudor alimenticio o cualquier otra modalidad.