Propone diputada federal de Morena despenalizar muerte asistida

Personal médico que asista deberá ser autorizado por la Secretaría de Salud

• René Camacho Marín
• Diciembre 25, 2025 - 08:00 p.m.
• POLÍTICA

La diputada federal de Morena por Oaxaca, Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida para mayores de 18 años cuando la soliciten por escrito.

La legisladora planteó establecer que podrá practicarse la muerte asistida sin que ello constituya delito o dé lugar a acción civil por daños y perjuicios, bajo el amparo de la ley, las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Salud para su realización.

De acuerdo con el documento presentado se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para que solo pueda aplicarse la muerte asistida a personas mayores de 18 años, cuando lo soliciten por escrito, la cual deberá informarse al Comité de Bioética a efecto de determinar la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud.

Para ello, la Secretaría de Salud deberá emitir la normatividad y lineamientos que establezcan los requisitos, procedimientos y formatos que tengan que observarse y requisitarse, así como los tiempos de reflexión para la aprobación y ejecución del procedimiento.

Asimismo, la iniciativa deja en claro que el personal médico que practique cualquier procedimiento de muerte asistida deberá estar autorizado por la Secretaría de Salud y podrá negarse a realizarlo en cualquier momento.

En este caso, la institución de salud deberá solicitar a otro médico no objetor de conciencia.

Además, la modificación define a la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, a través de los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido; a la eutanasia, como el acto o serie de actos intencionales, realizados por personal médico autorizado, encaminados a terminar la vida de la persona que lo solicite de manera expresa, previa aprobación de la autoridad competente.

Mientras que el suicidio asistido será aquel en el que el personal médico autorizado proporciona los medios para que, quien solicitó expresamente el procedimiento, autoadministre o ejecute el acto de terminar con su vida, previa aprobación de la autoridad competente.

La iniciativa incluye como objetivo del Título Octavo Bis "De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal y de la Muerte Asistida", salvaguardar la dignidad de las personas que soliciten cualquier procedimiento de muerte asistida para garantizar que se ejecuten en estricto apego a los protocolos que al efecto emita la Secretaría de Salud, por personal autorizado y en condiciones dignas.

En tanto, la adición de un párrafo segundo al artículo 312 del Código Penal Federal busca que los procedimientos de muerte asistida realizados por personal médico autorizado y la normatividad aplicable, no constituyan delito.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y de Justicia.

Es de mencionar que actualmente en México se prohíbe expresamente la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad; sin embargo, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, revelan que el 68.6 % de los encuestados consideran que las personas en fase terminal de su enfermedad y con un sufrimiento que no se puede evitar, deberían tener la opción de adelantar su muerte.

De ellos, el 57.7 % estuvo de acuerdo en que el médico proporcione las sustancias letales y el paciente las tome por sí mismo.

Además, el 72.7 % considera que deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden.

En la exposición de motivos, la diputada señaló que a nivel mundial pocos países cuentan con legislación o regulación en la materia, como Suiza, Colombia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Italia, Austria, Alemania, EUA, Australia y Nueva Zelanda. En América, Colombia y Ecuador han despenalizado la eutanasia, no a través de legislación, sino por medio de resoluciones de sus tribunales.