Exhorta PVEM a ediles para que ningún violentador de género sea servidor público
Dicho exhorto se hizo con la participación de la Red Feminista Nacional
En la Comisión Permanente del Congreso, el PVEM presentó un exhorto a los 17 ayuntamientos para que, en fortalecimiento de la igualdad de género, no discriminación y prevención de la violencia hacia las niñas y mujeres, ningún violentador de género sea servidor público.
En el exhorto, que se hizo con la participación de la Red Feminista Nacional, se pide a los ediles que observen y cumplan dentro de su plantilla laboral con la iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia de género.
Estos son:
- No ser deudor de pensión alimenticia,
- No ser agresor por razones de género
- No ser acosador sexual.
A nombre de la diputada Araceli Aranguren, su coordinador, Miguel Vélez Mier y Concha, resaltó que poner fin a violencia contra mujeres y niñas exige no solo aumentar la conciencia pública y la movilización social, sino que también requiere políticas públicas y legislación, que contrarresten la escalada de actos lascivos contra este grupo vulnerable.
“Lo que se busca es que ningún ayuntamiento cuente entre su personal con personas que tengan sentencias en firme de violencia de género, ya sea del Poder Judicial, o deliberaciones de órganos autónomos, o en su defecto, de índole electoral. La lucha incansable de todas las mujeres, por las mujeres, exige que absolutamente todas y todos los alcaldes y las alcaldesas limiten, en su totalidad, la participación pública de personas que hayan violentado a las mujeres”, expresó.
La morenista Dariana Lemarroy dio lectura a la propuesta de su compañera de bancada, María de Lourdes Morales, que busca reformar y adicionar disposiciones de la Ley para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Tabasco, para incluir el concepto de “violencia económica y patrimonial” como forma de violencia intrafamiliar.
“El objetivo de esta iniciativa es mejorar y fortalecer las estrategias medidas establecidas para la eliminación de la violencia intrafamiliar en el estado, así como atender y proteger a las víctimas de conductas antisociales, para que dispongan de un acceso a diferentes servicios sociales: justicia, salud y respeto a los derechos humanos”, asentó.
Ambas propuestas fueron enviadas para su análisis a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur.
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