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Reitera FEDE sanciones de hasta 3 años de prisión para quienes cometan delitos electorales en la consulta popular

En el caso de servidores públicos la penas aumentan hasta 9 años

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), reiteró el llamado a ciudadanos y servidores públicos, a no cometer acciones que puedan considerarse como delito electoral y que ameriten pena de prisión.

Recordaron que se sancionará con casi 9 mil pesos y hasta 3 años de prisión a quien haga proselitismo o presione a los electores en la casilla o en la fila, para orientar el sentido del voto o para que se abstenga de emitirlo.  

Reitera FEDE sanciones de hasta 3 años de prisión para quienes cometan delitos electorales en la consulta popular
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Asimismo, las mismas sanciones serán para quien obstaculice o interfiera en el escrutinio y cómputo de la consulta popular. 

Aplica igual para las personas que sustraigan una o más papeletas de las urnas o introduzca falsas. Adicionalmente la compra de los votos es una causal de sanción. 

En fechas pasadas, durante un evento virtual organizado por el INE, el titular de la FEDE en Tabasco, Jorge Montaño Ventura, advirtió sobre esta situación.

"Como vemos, cualquier persona o ciudadano que cometa un delito electoral es distinto a cuando es cometido por un servidor público, y bueno, también el hecho de que un servidor público pudiera estar pretendiendo condicionar alguna concesión o algún programa de carácter público, también estaría llevando a cabo un delito electoral, y ese es el trabajo de las fiscalías, nosotros recepcionamos las denuncias que hacen las personas cuando son testigos o víctimas de estas conductas delictivas", apuntó.    

Cabe señalar que en el caso de los servidores públicos se endurecen las sanciones, con multas de casi 36 mil pesos y una pena de prisión de hasta 9 años.

Por lo que los trabajadores al servicio de cualquiera de las instituciones públicas, deben de abstenerse de inducir o amenazar a subordinados para que voten o se abstengan de hacerlo. 

Así también lo penas serán para quienes condicionen: Prestaciones de un servicio público, el cumplimiento de programas de gobierno, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones; o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular. 

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