Acusan peritos intérpretes que la FGE los obliga a prestar servicios gratuitos

El Colegio de Intérpretes, Peritos y Traductores de Tabasco, denunciaron que la Fiscalía General del Estado los obliga con multas y exhortos, a prestar sus servicios de manera gratuita.

En rueda de prensa, el presidente de la agrupación, Juan Carlos Villegas Coronel, refirió que son más de 50 los especialistas agremiados en lenguaje de señas, braille, inglés y lengua indígena, los que están expuestos a las amenazas de sanciones por parte de la dependencia estatal, en caso de que se nieguen a trabajar de manera gratuita.

Abundó que en cinco ocasiones, los han intentado sancionar con multas de mil 500 hasta los cinco mil pesos, aunque debido a que se ha prestado el servicio, ninguna se ha aplicado.

“A lo más que llega la Fiscalía, como son casos penales, es que nos envía el exhorto y dice, si tú no intervienes gratuitamente como perito intérprete-traductor, se te multa con tantos días de salario mínimo, -¿Cuáles son las causes legales que tienen para obligarles?- Los peritos intérpretes y traductores son auxiliares de la justicia, sin embargo sabemos que la Constitución consagra que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo sin una justa retribución”, indicó.

Villegas Coronel, destacó que Tabasco ocupa el cuarto lugar nacional en población sorda, pues seis de cada 100 ciudadanos, presentan algún tipo de discapacidad del habla y comunicación.

Y detalló, que en el caso de esta comunidad, los delitos por los que se les acusa regularmente, están relacionados con violación, desaparición forzada, robo y homicidio.

“A la semana recibimos entre unos 3 o 4 requerimientos de lengua indígena, lengua extranjera, lengua de señas y rara vez del sistema braille, -¿Cuál sería el exhorto a las autoridades?- Hay una política de inclusión, por ejemplo hay que tener en cuenta que es un derecho que tenemos las personas indígenas y las personas sordas, que ellos entiendan que incurren en un acto discriminatorio cuando les niegan el intérprete o el traductor a la persona que lo necesite, porque es obligación del estado”, apuntó.