Por muchos años, Andrés Manuel López Obrador, influyó y hasta determinó en algunos momentos, la agenda nacional. Los temas han sido diversos, combate a la corrupción, soberanía petrolera, desarrollo equilibrado, impulso a la región Sur-Sureste, inversión en infraestructura, etc.
Esos asuntos que el hoy presidente impulsó durante su carrera política, se convirtieron con el tiempo en la agenda ciudadana, lo que fue legitimando el abanderamiento de esas necesidades. Finalmente, luego de años de lucha, hubo un apoderamiento legítimo de la agenda nacional, que finalmente lo llevo a la presidencia de la República, arrebatándoles el discurso al resto de los actores políticos, faltos de contenido.
El deterioro de la función pública, del “hombre público”, así como la falta de resultados, hundió al gobierno mexicano y a su clase política, en una crisis de legitimidad y efectividad, donde no existe ni credibilidad, ni resultados. Cabe destacar, que esto tiene que ver con varios factores: el estilo de gobierno, el modelo económico, al aparato burocrático mismo y en conjunto el sistema político impregnado de altos niveles de corrupción. El discurso anticorrupción de AMLO como parte fundamental de la solución a los grandes problemas de México, es real.
Hoy decisiones fundamentales de nuestro país, pasan por la legitimidad y legalidad de la agenda del presidente de la República, las mediciones de las acciones tomadas, la transparencia (que legitima) con las “conferencias mañaneras”, son parte esencial de decisiones. Este escenario de decisiones complejas, fortalece la teoría de la lucha anticorrupción y revaloriza la posición del “hombre público”, es decir, importa la estrategia y la decisión, pero tiene un peso específico y quién y cómo la toma. A estas alturas del nuevo gobierno, el análisis está sobre la efectividad y la relación costo/beneficio de decisiones de alta complejidad como la lucha contra el “huachicol”, pero algo que no genera duda es la legitimidad de la decisión y la auténtica intención del presidente de la República y eso, no es poca cosa.
Finalmente, el aspecto que cierra la pinza es la efectividad, el gobierno, el país en su totalidad exige resultados. El capital político y la fortaleza del gobierno federal será sostenible en la medida que sea efectivo, ofrezca resultados y que aquellos resultados se puedan reflejar en “datos duros”, en recursos “liberados” y reorientados a causas nacionales con motivo del abatimiento de la corrupción. Mientras el presidente sea capaz de ofrecer resultados, será políticamente imbatible al menos en el corto plazo.
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