Corte Penal Internacional con pruebas suficientes para investigar a AMLO por crímenes de lesa humanidad: UC Berkeley

Ya que se llevó a cabo una campaña sistemática de persecución y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos

Corte Penal Internacional con pruebas suficientes para investigar a AMLO por crímenes de lesa humanidad: UC Berkeley

Un análisis del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) concluyó que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, cuenta con pruebas suficientes para abrir una investigación contra el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a raíz de que durante su administración se llevó a cabo en México una campaña sistemática de persecución y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos.

El estudio, liderado por Lindsay Freeman, directora de Responsabilidad Internacional de dicha institución, señaló que entre los elementos probatorios para abrir un "examen preliminar" por crímenes de lesa humanidad está que, entre 2018 y 2024, el gobierno mexicano implementó una estrategia de hostigamiento que se reflejó en la identificación de dos mil 827 fragmentos (en las mil 437 mañaneras del presidente) en los que denostó a periodistas con expresiones como "prensa fifí", "chayoteros" y "hampa del periodismo".

Asimismo, el trabajo de la Universidad de California en Berkeley documenta que, durante el sexenio de López Obrador, fueron asesinados 78 comunicadores y 259 defensores de derechos humanos, un total de 337 víctimas.

No obstante, el reporte subraya que el daño central no reside únicamente en dicha cifra de letalidad, sino en la sistematización de un ataque del Estado articulado mediante cinco mecanismos: 1) la estigmatización diaria desde las conferencias matutinas; 2) el uso de redes de bots para acosar; 3) la vigilancia ilegal con spyware militar (como Pegasus o Geomatrix); 4) el uso del aparato judicial contra críticos (lawfare); 5) impunidad de entre el 93 % y el 99 %.

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La investigación afirma que la persecución gubernamental en México en la administración anterior tiene todos los elementos para que se implemente la nueva Política sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos de la Oficina del Fiscal de la CPI, la cual reconoce que actos como la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso y la estigmatización desde el poder público pueden encuadrarse bajo la figura del crimen de lesa humanidad de persecución.

El análisis destaca que la estigmatización verbal se tradujo en agresiones físicas directas y citó como ejemplo el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido un día después de ser atacado en la conferencia mañanera.

El estudio sustenta la responsabilidad del Estado en casos de persecución y espionaje ilegal en la evidencia técnica obtenida por las filtraciones de Guacamaya Leaks y los hallazgos de Ejército Espía (R3D y Citizen Lab), los cuales documentaron que un Centro de Inteligencia Militar secreto dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) operó los programas de espionaje para intervenir comunicaciones de comunicadores, activistas e incluso funcionarios civiles.

El informe del Centro de Berkeley concluye que las agresiones cibernéticas y físicas articuladas por el Estado mexicano contra los catalogados como "opositores" al proyecto político de López Obrador configuran la mayor prueba previa para que la CPI investigue por primera vez la represión digital como un crimen internacional.