Presenta UIF nueva denuncia contra presidente del TEPJF, por enriquecimiento ilícito

Presenta UIF nueva denuncia contra presidente del TEPJF, por enriquecimiento ilícito

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) exonerara al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia por el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a medios nacionales, dicha denuncia penal fue presentada el pasado 22 de junio en contra de Vargas Valdez y cinco personas más, pues se detectaron operaciones financieras por medio de “empresas fantasmas” para triangular recursos.

Según la UIF, las operaciones detectadas al magistrado presidente del TEPJF son montos superiores a lo declarado ante Hacienda, que fueron depositados en la cuenta bancaria de un familiar, así como transferencias a cuentas en el extranjero, y la constitución de personas morales, sin justificación alguna.

“En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis N, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa a lo declarado ante la autoridad hacendaria”, señaló.

De igual forma, el organismo a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que presentaron un recurso de inconformidad contra el ejercicio de la no acción penal contra José Luis Vargas Valdez, en la primera denuncia presentada el año pasado por el delito de enriquecimiento ilícito.

“Conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad, impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX”, indicó la UIF.

"No hay delito que perseguir", se defiende José Luis Vargas

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, aclaró a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que la información difundida por el diario Reforma y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un posible enriquecimiento ilícito es incorrecta, ya que aseguró, ha mostrado a la Fiscalía General de la República (FGR) el origen de sus percepciones, las cuales precisa, son acorde a sus erogaciones.

En el documento detalla que en diciembre de 2020, se presentó ante la fiscalía para aclarar algunos cuestionamientos referentes a una denuncia en su contra formulada por la UIF, y al hacerlo demostró su inocencia.

“Tras varios meses de investigación, la Fiscalía General de la República por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, concluyó que las imputaciones que se hicieron en la denuncia no corresponden a la realidad y resolvió decretar el ‘No Ejercicio de la Acción Penal’. Esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir, además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos”.

“Con lo anterior, quedó demostrado que mi patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes mis percepciones con mis erogaciones. Más aún, me permito aclarar que las cifras filtradas al medio han sido alteradas y por lo tanto la información es falsa, imprecisa e injuriosa sobre mi persona y mi patrimonio”, se puede leer en el documento.

Además, señala que cuenta con información referente a que la UIF ha cuestionado la determinación de la fiscalía interponiendo un recurso, pero que el ‘No Ejercicio de la Acción Penal’ está sustentado en pruebas fehacientes que acreditan que no ha cometido delito alguno.

Por último, recordó que en México es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales sean objeto de filtraciones a medios de comunicación y que su patrimonio y el de su familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y que están declarados ante las autoridades competentes.



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