Celebra Gerald Herrera que con invalidación de "ley garrote" se deje en libertad a quienes fueron sentenciados por protestas

El diputado local del PRI, Gerald Herrera Castellanos, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya determinado que la invalidez de la denominada “ley garrote” tenga efectos retroactivos, lo que dejaría en libertad a quienes hayan sido sentenciados por este delito.

Apuntó que esto beneficiará a pobladores de Huimanguillo que en su momento fueron detenidos por bloquear el Puente Solidaridad y que tuvieron que pagar fianza. 

“La Suprema Corte de Justicia en análisis del asunto determinó que la invalidez es la “ley garrote” tiene efectos retroactivos a partir del primero de agosto del 2019. De manera de que todas las personas que fueron sentenciadas o están sujetas a proceso con base a tales disposiciones deben quedar en libertad y extinguirse la pretensión positiva”, declaró. 

Gerald Herrera también reconoció el trabajo del asesor de la fracción parlamentaria, don Remedios Cerino, por haber promovido la intervención de la CNDH y la FGR, tras la publicación de las modificaciones al Código Penal en el Periódico Oficial del Estado.

Por otra parte, el priísta criticó el comunicado emitido por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, tras darse el fallo de la Suprema Corte.

“La descoordinación (sic) jurídica también miente al decir que gracias a la reforma declarada como inconstitucional se disminuyó el delito de extorsión. Primero porque el delito siempre ha estado tipificado con el Código Penal del Estado. Y segundo porque el hacinamiento provocado por la pandemia incidió en la baja de algunos delitos. El comunicado de la coordinación jurídica también deja en evidencia de quién manda en este congreso, porque desde el poder ejecutivo se defienden las reformas que este poder legislativo aprobó, confirmando que aquí solamente se obedece ciegamente las órdenes que reciben de palacio de gobierno”, expuso. 

Finalmente, enfatizó que la actual legislatura ha tenido tres pifias jurídicas: Al tratar de disminuir el financiamiento que los partidos políticos en Tabasco reciben de lo federal; la invalidación de la Ley Compadre, que buscaba asignar obra pública de manera directa sin licitación; y ahora la invalidación parcial de lo que llaman “ley garrote”.