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Asociaciones profamilia se manifiestan en el Congreso

MC busca sancionar un delito que no existe en Tabasco, acusan

Integrantes de asociaciones civiles profamilia se manifestaron a las afueras del Congreso local contra la iniciativa de Movimiento Ciudadano (MC) que busca tipificar como delito las terapias de conversión sexual.

Frente a la sede del Poder Legislativo, se congregaron poco más de 50 personas con pancartas y altavoces, exigiendo a los diputados locales no aprobar la iniciativa de ley presentada por la diputada Casilda Ruiz Agustín, aunque se dijeron abiertos a discutirla.

Asociaciones profamilia se manifiestan en el Congreso

El presidente de la Alianza de Familias por Tabasco, Raúl Álvarez, señaló en rueda de prensa, que a la fecha no se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía por que alguna persona haya sido obligada a asistir a terapias de conversión sexual.

“Yo le diría a la diputada Casilda, que pregunte en el Ministerio Público cuántos casos hay en Tabasco de personas que hayan sido torturadas para dejar su identidad o su expresión o su preferencia sexual, cuántos casos hay denunciados ante la autoridad, porque si no, entonces estamos hablando de un delito que no existe, es decir debemos procurar, sí, y obviamente invitar a la población, que si alguien está siendo torturado, que si alguien es privado de manera ilegal de su libertad, pues obviamente, son delitos que se tienen que perseguir y sancionar, pero en este planteamiento que ellos hacen, no especifican qué se puede tomar como una terapia de conversión”, indicó.

Por su parte, la activista María Luisa de la Cruz Velázquez señaló que otras de las cuestiones más preocupantes, es que se deja abierta la posibilidad de proceder con cárcel contra padres de familia, quienes incluso podrían perder la patria potestad de sus hijos por brindarles orientación sexual.

“Nos sentimos amenazados, debido a que nos criminalizan, a tal punto que una simple plática de orientación sexual con nuestras hijas, hijos o familiares, podrán ser catalogadas como promoción, inducción o impartición de pláticas con la finalidad de cambiar la orientación sexual o la identidad de género y podrían equipararse a una conducta delictiva y si nuestros hijos fueran menores de edad, iríamos hasta 10 años a la cárcel y perderíamos la patria potestad, algo grave para los padres de hoy en día”, afirmó.
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