'La ley no es negociable y no se realizarán denuncias sin elementos como en el pasado': Secretario de la Función Pública

La ley no es negociable y no se realizarán denuncias sin elementos como en el pasado: Secretario de la Función Pública
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Ahí fue cuestionado si dentro de las auditorías realizadas se han encontrado irregularidades que se les puedan fincar al ex gobernador, Arturo Núñez y a su esposa, Martha Lilia López Aguilera, así como al ex titular de Finanzas, y ahora extinto, Amet Ramos Troconis.


Al respecto, Farías Mora pidió comprensión y paciencia al ser respetuoso del debido proceso.

“Entonces lo que le pedimos como Secretaría, es que no dejen de confiar en nosotros. Créanme que antes de estar aquí yo era ciudadano, y era una de las grandes dudas que tenía, por qué no pasaba. Y ahora que estoy aquí adentro, entiendo muchos de los tiempos, los procesos”, expresó.

Aseguró que todas las denuncias que se presenten deben ir debidamente soportadas, con la información que permita a las autoridades correspondientes aplicar las sanciones a las que haya lugar.

“Pero que sí les quede muy claro, que no vamos a doblar las manos, ni vamos a fingir, yo no quiero, a como sucedió en administraciones pasadas, y respeto porque mucha gente que están aquí estuvieron en otras administraciones, presentar una denuncia que no tenga razón de ser, no le veo caso perder el tiempo, hacer creer a la gente. Asunto que llegue a la vía penal, va a tener su consecuencia”, expresó.

Aprovechó para citar lo que ha manifestado el gobernador, Adán Augusto López, sobre que “la reconciliación no significa impunidad para nadie, y que la ley no es negociable”.

Además, señaló que hay 18 proveedores del gobierno estatal que fueron sancionados por incumplimiento en su proveeduría de bienes o servicios, e incluso por no concluir obras públicas.

En la comparecencia, relató que 11 mil 127 servidores públicos presentaron en tiempo y forma sus respectivas declaraciones de situación patrimonial.

Señaló que por primera vez, 5 mil 995 servidores públicos estuvieron obligados a presentar su declaración patrimonial de modificación, y no hubo ningún omiso en esta modalidad.

Agregó que de los servidores públicos obligados a presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial, solamente 135 no cumplieron con dicha responsabilidad, por lo que se inició 40 carpetas de investigación en contra de igual número de servidores públicos omisos: 4 por declaración inicial y 36 por declaración de conclusión.

Asimismo, dijo que por diferentes asuntos en este año, se sancionaron a 10 servidores públicos.

“En lo que va de este ejercicio, tenemos 10 servidores públicos sancionados e inhabilitados, hay de diferentes asuntos, el más severo fue de 15 años”, expresó.

El funcionario estatal, celebró que la Secretaría de la Función Pública del estado de Tabasco, tuvo un reconocimiento a nivel nacional.

“Comparto orgullosamente con ustedes, que durante los trabajos de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, realizados en los primeros días del mes de noviembre en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, la Secretaría de la Función Pública del estado de Tabasco, fue seleccionada a nivel nacional, recibiendo un reconocimiento como una de las 10 entidades con mejores prácticas en materia de innovación gubernamental y simplificación administrativa 2019”, manifestó.

Expuso que sus homólogos de estados vecinos del sureste, lo nombraron como Coordinador Regional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, cargo que desempeñará a partir de enero de 2020, por el plazo de un año.

Dijo que en materia de Contraloría Social, realizaron mil 117 encuestas aplicadas a ciudadanos, para conocer su opinión respecto a la prestación de los servicios y trámites que proporciona la administración pública, y derivado de lo anterior, se emitieron 8 recomendaciones a los entes evaluados.

Finalmente, expuso que el 9 de noviembre del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el “Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal”, el cual establece los principios, valores y reglas de integridad que deberán regir la ética pública del estado.




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