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Avala SCJN aborto sin autorización de padres en casos de violación a menores

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) que establece la obligatoriedad de que todos los hospitales públicos deben garantizar el acceso al aborto a niñas de 12 a 17 años, cuando el embarazo sea producto de una violación, sin que sea necesaria la autorización de los padres.

Con mayoría de nueve votos, los ministros de la Corte desecharon dos controversias constitucionales interpuestas por los congresos de Aguascalientes y Baja California, que argumentaban que las modificaciones a las normas en materia de salud se realizaron sin respetar sus competencias locales.

Avala SCJN aborto sin autorización de padres en casos de violación a menores

El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, afirmó que la modificación de la NOM otorga una mayor protección a los derechos humanos de víctimas de violación, con lo que se actúa a favor del derecho de los menores a la salud.

“Las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente, aunado a la naturaleza traumática que genera en sus víctimas. De ahí que el proyecto considera que la interrupción del embarazo en caso de violación, constituye una medida que tiende acatar las obligaciones constitucionales y convencionales para casos de violencia contra las mujeres”, expresó. 

Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar sostuvo que, agregar elementos como una orden judicial para llevar a cabo la interrupción del embarazo, solo estaría revictimizando a las mujeres que sufrieron una violación.

“Obligar a las mujeres o niñas llevar a término un embarazo derivado de una violación, implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género. En estos casos, el Estado no solo no debe obstaculizar, ni mucho menos criminalizar el aborto, sino que tiene la obligación de adoptar medidas que garanticen el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias y con la prontitud que amerita tomar la decisión en este tipo de eventos”, señaló.

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