Gobernadores federalistas ven “justicia a modo” en caso Cabeza de Vaca; “ganó la víscera política y no la justicia”, señalan

Los gobernadores de la Alianza Federalista señalaron que en el proceso de desafuero contra el mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no fue el derecho y la justicia lo que orientó el voto de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, sino la víscera política.

En un comunicado, los gobernadores federalistas indicaron que quedó demostrado el uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas del país, distorsionadas por el partido en el poder para servirse de ellas en forma sectaria y hegemónica, y con propósitos manifiestamente electorales sin importar el costo a la sociedad, a la democracia y al Estado de Derecho. 

Además, dijeron que mediante procedimientos plagados de irregularidades técnico–jurídicas, la Comisión Instructora de la Cámara encabezada por los diputados oficialistas Pablo Gómez Álvarez, Martha Patricia Ramírez Lucero y Mary Carmen Bernal Martínez, dictaminaron proceder en contra de Cabeza de Vaca “pero proteger con inmunidad constitucional al senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, rechazando su desafuero”.

Indicaron que es reprobable y vergonzosa la actuación de la Comisión Instructora “cooptada” por Morena, pues la simple lectura de los dictámenes aprobados revela que al día de hoy, existen dos raseros (varas) para impartir justicia en México: “la de los opositores políticos y la de los congraciados con el régimen morenista. Sencillamente justicia a modo”. 

Agregaron que el dictamen que rechazó el desafuero del senador morenista por delitos de corrupción, su decisión se justifica en el pleno respeto a la presunción de inocencia, sin embargo, dicho derecho fundamental no guardó la misma dimensión y relevancia tratándose del gobernador García Cabeza de Vaca, a quien en múltiples ocasiones exhibió de forma pública como responsable de delitos.

“En ambos casos, los procedimientos evidenciaron graves vicios procesales, dictámenes con una deciente valoración de los elementos probatorios, información tergiversada, apreciaciones jurídicas torpes y burdas, pero sobre todo argumentos sesgados y contradictorios”, agregaron. 

“Es evidente que no fue el derecho y la justicia la que orientó a la Comisión Instructora en sus dictámenes, sino la víscera política. El pueblo de México merece justicia, no simulaciones perversas”, concluyeron.