La inspección física de obras era un “chantaje político”, señala Luis Salinas

El presidente de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso local, Luis Salinas Falcón, señaló que en pasadas legislaturas, la inspección física de obras públicas a municipios se prestaba al “chantaje político”. 

A más de un mes y medio de haber iniciado la revisión documental de los informes de resultados de las cuentas públicas 2020 del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 17 Ayuntamientos y órganos autónomos, el legislador de Morena, indicó que ninguno de sus compañeros que integran la Comisión, ha pedido ir a revisar alguna obra. 

“No se ha dejado de trabajar, todo va en proceso, la Comisión ha estado trabajando, están representados todos los partidos ahí, esa es la garantía que tiene la ciudadanía, que todos los partidos están en la Comisión -¿Se prevé algún calendario para inspección de obras físicas?- en caso de que sea necesario, pero no hemos ido a visitar, el trabajo ya lo hizo el OSFE, nosotros estamos revisando el informe de resultados que nos entregó el OSFE -¿En legislaturas anteriores se revisaba?- pues a lo mejor era un chantaje político disfrazado de quien sabe qué, nosotros vamos a trabajar conforme a derecho y lo que establece la ley”, aseveró.   

Salinas Falcón mencionó que en caso de que decidan supervisar alguna obra por irregularidades en su ejecución, pedirán que personal del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) acuda nuevamente a inspeccionarlo. 

El diputado local reiteró que, conforme al plazo legal, bajarán al Pleno los dictámenes de cuentas públicas, por lo que calificó como “prematuro” adelantar si reprobarán alguna.   

“Sería prematuro decirte eso y sería estar jugando al policía chino, es un trabajo que se está haciendo con seriedad, no vamos a arriesgar nosotros nuestro buen nombre en algún tipo de chantajes o de revanchas, nosotros vamos a trabajar conforme a la ley”, agregó.    

De acuerdo con el informe del OSFE, los entes públicos no lograron solventar, en conjunto, 209 millones 924 mil 276 pesos, además hubo un total de 2 mil 32 hallazgos, 662 aclaraciones y 1,370 observaciones, de las cuales el 84.37 por ciento corresponde a Ayuntamientos y el 15 por ciento restante a poderes y órganos autónomos.