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Regular la compra y venta de bienes del gobierno, plantea Katia Ornelas

La diputada local propuso reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

La diputada local, Katia Ornelas Gil, propuso diversas reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para regular la compra y venta de bienes que pertenecen al estado y al municipio.

Expuso que, de acuerdo al padrón de prestadores de servicios de residuos de manejo especial del estado, publicado por la Secretaría de Bienestar, en la entidad se encuentran asentadas legalmente 34 negocios que se dedican a la compra de chatarra y/o de reciclaje, compra de fierro viejo, bodega de reciclaje industrial y compraventa de metales, sin embargo, dijo que en lo informal no se puede determinar el número exacto de estos.

Regular la compra y venta de bienes del gobierno, plantea Katia Ornelas

Comentó que tampoco se cuenta con un padrón de datos en el que se pueda apreciar quién vende y quién compra determinado producto de hierro o cobre, lo cual, sostuvo es relevante, debido a que en lo informal se da el caso del robo de alcantarillas o cableado eléctrico.

"Por tal motivo, resulta prudente que la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio climático en la entidad, regule la compra y venta de bienes que pertenecen al estado y al municipio, emitiendo medidas tendientes al empadronamiento de quienes compran y venden productos, que se comercializan en las empresas registradas, así como de prestadores de servicios y generadores de residuos, y conocer que es lo que compran y que es lo que venden. "Emita las providencias necesarias, para plasmar en el padrón correspondiente, las cantidades de residuo generado y comercializado, así como su clasificación por tipo de metal, para reconocer el origen y destino del residuo", planteó.

Ornelas Gil, destacó que su iniciativa busca sancionar a quienes se dediquen a la compra y venta, intercambio, reciclaje, transformación o reducción de residuos metálicos que sean de bienes del patrimonio público o de la prestación de un servicio básico competencia del estado o el municipio.



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