FGR procede penalmente contra Francisco Garduño, titular del INM, por incendio en Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que procedió penalmente contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por los delitos derivados del incendio ocurrido en la estación del organismo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, y que dejó 40 migrantes muertos.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que el funcionario federal incurrió en presuntas conductas delictivas, al incumplir con su obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

Asimismo, indicó que también se inició un proceso penal por este caso contra el director de Regulación y Archivo Migratorio, Antonio Andrés Vidal Islas. 

En la investigación de antecedentes, señala la FGR, se encontró que el 31 de marzo de 2020 se dio un caso similar al de Ciudad Juárez en el centro migratorio del INM en Tenosique, Tabasco, donde una persona falleció y 14 más resultaron lesionadas.

"Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos", se lee en el documento.

Agregó que, de acuerdo con los dictámenes de los últimos años de la Auditoría Superior de la Federación, con toda claridad se vuelven a señalar "las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados".

La FGR indicó que también ha procedido penalmente contra cuatro servidores públicos —Salvador "N", Juan "N", Cecilia "N" y Eduardo "N"— por estar vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron los migrantes en el centro de Ciudad Juárez.

Con respecto a la empresa de seguridad privada contratada por el INM para la estación migratoria, la Fiscalía destacó que los contratos por adjudicación directa omitieron las obligaciones de licitación pública y generaron costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios; además, la compañía omitió el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias y se abstuvo de registrar en el IMSS a la mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.

"Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos", concluye el comunicado de la FGR.